¿Basta con validar una compra para atribuirla al consumidor? Comentarios a la Casación N.º 3381-2024-Lima

Jurisprudência

Por Wendy Ledesma Orbegozo[1]

Cuando una persona desconoce una compra realizada con su tarjeta de débito y/o crédito, la respuesta de la entidad financiera suele apoyarse en información técnica, tales como si los datos fueron validados y si el sistema aceptó la operación. Esa información es relevante, pero demostrar que el sistema aceptó una compra y demostrar que el consumidor la autorizó son cuestiones distintas. La Casación N.º 3381-2024-Lima permite examinar qué debe acreditar un banco para atribuir una operación a su titular.

La cuestión tiene interés más allá del contexto peruano. El artículo 72.2 de la Directiva (UE) 2015/2366 sobre servicios de pago establece que el uso registrado de un instrumento de pago no basta necesariamente para demostrar que su titular autorizó la operación ni que actuó fraudulentamente o con negligencia grave. Aunque esta disposición no resulta aplicable a la controversia peruana, ofrece una referencia comparativa útil para examinar el alcance de la prueba bancaria.

La sentencia, emitida el 16 de abril de 2026 por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema del Perú, aborda dos compras por internet realizadas en julio de 2017 con una tarjeta del Banco Ripley, por S/ 1,659.70 y S/ 1,308.00 (aproximadamente, 450 y 355 euros respectivamente). La consumidora desconoció ambas operaciones y sostuvo que siempre había conservado la tarjeta. Indecopi, la autoridad peruana de protección del consumidor, con potestades administrativas sancionadoras en esta materia, consideró que el banco había incumplido sus obligaciones de seguridad. El conflicto llegó posteriormente a la vía judicial.

La Corte declaró infundado el recurso de casación de Indecopi y mantuvo la decisión que ordenaba un nuevo pronunciamiento administrativo respecto de los extremos anulados. La sentencia, por tanto, no constituye una exoneración definitiva del banco sobre la totalidad de la controversia. Sin embargo, las razones por las que consideró acreditado el cumplimiento de las obligaciones de seguridad merecen una lectura crítica.

¿Qué acredita la validación técnica?

En el fundamento 1.5, la Sala describe un procedimiento que verificaba el número de tarjeta, su fecha de vencimiento y el código de seguridad CVV2. Los registros de las compras cuestionadas mostraban una respuesta de validación satisfactoria, identificada con el valor «00». A partir de esa evidencia, concluye que el banco había seguido todas las medidas de seguridad y cumplido las exigencias de los artículos 9 y 23 del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por la Resolución SBS N.º 6523-2013, vigente en el momento de los hechos.

El problema está en el alcance de esa inferencia. Que los datos ingresados hayan superado una validación permite establecer que el sistema los aceptó conforme a sus reglas. Pero atribuir jurídicamente la operación a la titular exige explicar por qué esa evidencia resulta suficiente en las circunstancias del caso. La aceptación por el sistema del banco y el consentimiento de la consumidora son cuestiones relacionadas, cuyo vínculo debe justificarse.

El razonamiento presenta, además, una dificultad de conexión con las operaciones examinadas. En el fundamento 1.4, la Sala afirma que las tarjetas de crédito solo pueden utilizarse ingresando un PIN y vincula la responsabilidad del consumidor con la custodia de la tarjeta y de esa clave. Sin embargo, las compras por internet se validaron mediante el CVV2, y la consumidora sostuvo que siempre había conservado la tarjeta en su poder. La sentencia no explica por qué un razonamiento basado en el uso del PIN y en el extravío de la tarjeta resulta aplicable a estas operaciones. Esa falta de conexión debilita la justificación para atribuirlas a la consumidora.

Las razones de Indecopi y sus límites

Para evaluar el razonamiento judicial, corresponde examinar también las razones que sustentaron la decisión administrativa. En los fundamentos 26 y 27 de la Resolución N.º 398-2018/INDECOPI-PIU, la Comisión sostiene que el banco debe disponer de información y medios técnicos que sustenten la atribución de una operación al consumidor. Al valorar las pruebas, distingue entre una constatación notarial del procedimiento general de compra y la acreditación de las operaciones cuestionadas —fundamento 35—. Asimismo, rechaza el argumento de que la consumidora hubiera entregado sus datos, porque el banco no lo probó —fundamento 36—. Estas objeciones sobre la suficiencia de la prueba requerían una respuesta de la Sala.

La motivación administrativa, sin embargo, también presenta debilidades. En el fundamento 33, la Comisión cuestiona el registro con respuesta «00» sin explicar suficientemente el alcance de la leyenda técnica que ella misma reproduce, según la cual ese resultado corresponde a una validación satisfactoria del CVV2: “33. En ese sentido, el Banco alegó que la operación fue debidamente realizada con la glosa “00”; sin embargo, dicho medio probatorio resulta insuficiente por sí mismo para acreditar el ingreso válido de la clave secreta; pues, este sólo prueba la existencia de la operación (fecha, hora, importe, número de tarjeta, entre otros), más no el procedimiento establecido para la obtención de aquella glosa, no pudiéndose evidenciar que la operación resulte válida en el caso en concreto.”. Además, aunque la imputación inicial se refiere a operaciones inusuales, la resolución no desarrolla una comparación con el historial de consumo ni explica por qué estas compras debían generar una alerta.

Estas limitaciones justificaban un control judicial exigente. Sin embargo, cuestionar la suficiencia de la motivación de Indecopi y afirmar que el proveedor cumplió todas sus obligaciones de seguridad son conclusiones completamente diferentes, siendo que cada una necesita un sustento propio.

Seguridad bancaria y protección del consumidor

El Código de Protección y Defensa del Consumidor proporciona el marco para evaluar estas obligaciones. Sus artículos 18 y 19 regulan la idoneidad del servicio y la responsabilidad del proveedor, mientras que el artículo 20 reconoce la garantía legal, esto es, las exigencias impuestas por las normas aplicables se incorporan a la relación de consumo y no pueden desplazarse mediante acuerdos o garantías de menor alcance. Por ello, el procedimiento utilizado por el banco para aceptar una compra debe examinarse frente al estándar normativo de seguridad.

Por su parte, el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, en su versión aplicable a las operaciones de 2017, contemplaba obligaciones que excedían la validación de credenciales. Su artículo 17 exigía mecanismos de detección de operaciones ajenas al comportamiento habitual del usuario, gestión de alertas e identificación de patrones de fraude. El artículo 23, por su parte, atribuía al banco la responsabilidad de demostrar la autenticación y el registro de las operaciones en los supuestos previstos. Para concluir que se cumplieron las obligaciones de seguridad, correspondía identificar cuáles eran relevantes para las compras cuestionadas y cómo se acreditó su cumplimiento. Esto tampoco permite presumir, sin prueba, que esas compras debían generar una alerta o ser bloqueadas.

La valoración de la prueba debe considerar, además, la desigual capacidad de las partes para reconstruir las operaciones. El banco administra los registros transaccionales y dispone de herramientas de monitoreo; el consumidor carece de un acceso equivalente a esa información. El principio de corrección de la asimetría, recogido en el artículo V.4 del Código, exige atender esa desventaja. Aunque esta diferencia no determina automáticamente la responsabilidad del banco, tampoco cabe exigir al consumidor que explique cómo se produjo una compra que desconoce. Asimismo, las causas de exoneración previstas en el artículo 104 deben acreditarse.

El principio de buena fe del artículo V.5 añade una exigencia concreta, esto es, evaluar la conducta del consumidor según las circunstancias relevantes del caso, incluida la información proporcionada y las características de la contratación. La validación del CVV2 no demuestra, por sí sola, que la consumidora hubiera revelado sus datos o incumplido sus deberes de custodia. Atribuirle una falta de cuidado requería sustentar esa conclusión considerando el canal utilizado y las circunstancias de las compras.

Esta lectura encuentra respaldo en el artículo 65 de la Constitución peruana: “El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población”. Como explica el Tribunal Constitucional en el fundamento 30 de la STC N.º 0008-2003-AI/TC, la protección del consumidor constituye tanto un principio rector de la actuación estatal como un derecho subjetivo:

““30. La Constitución prescribe en su artículo 65° la defensa de los intereses de los consumidores y usuarios, a través de un derrotero jurídico binario; vale decir, establece un principio rector para la actuación del Estado y, simultáneamente, consagra un derecho subjetivo. En lo primero, el artículo tiene la dimensión de una pauta básica o postulado destinado a orientar y fundamentar la actuación del Estado respecto a cualquier actividad económica. Así, el juicio estimativo y el juicio lógico derivado de la conducta del Estado sobre la materia, tienen como horizonte tuitivo la defensa de los intereses de los consumidores y los usuarios. En lo segundo, la Constitución reconoce la facultad de acción defensiva de los consumidores y usuarios en los casos de transgresión o desconocimiento de sus legítimos intereses; es decir, apareja el atributo de exigir al Estado una actuación determinada cuando se produzca alguna forma de amenaza o afectación efectiva de los derechos de consumidor o usuario, incluyendo la capacidad de acción contra el propio proveedor.”

En ese sentido, resulta discutible descartar el principio pro-consumidor únicamente porque no existe duda interpretativa. El artículo V.2 del Código contiene una orientación de la actuación estatal hacia la protección del consumidor, además de una regla favorable ante una duda insalvable. Su dimensión protectora no se agota en resolver ambigüedades normativas.

Por lo tanto, la seguridad jurídica exige una justificación suficiente para ambas partes. El banco tiene derecho a conocer el deber incumplido y las pruebas que sustentan una sanción; el consumidor, a que la atribución de una compra se fundamente en lo que los registros efectivamente acreditan. Por ello, la Casación N.º 3381-2024-Lima muestra la importancia de precisar ese estándar, es decir, qué debe probar el proveedor para vincular la validación técnica de una operación con su autorización por el titular y con el cumplimiento de las obligaciones de seguridad.

Conclusión

El aporte de este caso está en mostrar que la controversia no se resuelve únicamente comprobando que el sistema funcionó conforme a sus reglas. También exige justificar qué consecuencias jurídicas pueden extraerse de ese resultado. Reconocer las debilidades de la motivación administrativa y cuestionar el alcance de la conclusión judicial permite delimitar mejor el problema que enfrentan los consumidores ante compras no reconocidas. Por lo tanto, la seguridad del servicio bancario debe evaluarse conforme a las obligaciones legales y a las circunstancias de las operaciones, sin asumir que la validación técnica basta para atribuir al consumidor una compra que afirma no haber autorizado.

Referencias normativas y jurisprudenciales

Congreso de la República del Perú. (2010). Ley N.º 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/indecopi/informes-publicaciones/4004028-codigo-de-proteccion-y-defensa-del-consumidor-2da-edicion

Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente. (2026, 16 de abril). Sentencia recaída en la Casación N.º 3381-2024-Lima. Diario Oficial El Peruano, suplemento de casaciones del 4 de septiembre de 2026, pp. 17–19. Disponible en: https://busquedas.elperuano.pe/api/archivo/file/9O3cTv7b4p_9e5Q82CgKau/*/CA20260904.pdf

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Piura. (2018, 18 de abril). Resolución N.º 398-2018/INDECOPI-PIU (Expediente N.º 671-2017/PS0-INDECOPI-PIU). Disponible en el Buscador de Resoluciones del Indecopi: https://jurisprudencia.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/proteccion-consumidor.seam

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2015, 25 de noviembre). Directiva (UE) 2015/2366 sobre servicios de pago en el mercado interior. Diario Oficial de la Unión Europea, L 337, 35–127. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj?locale=es   

Perú. (1993). Constitución Política del Perú. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/presidencia/informes-publicaciones/196158-constitucion-politica-del-peru

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. (2013, 30 de octubre). Resolución SBS N.º 6523-2013, que aprueba el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito. Publicación original disponible en: https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/1008675-1/pdf Texto consolidado al 2026 disponible en: https://intranet2.sbs.gob.pe/dv_int_cn/718/v11.0/Adjuntos/6523-2013.R.pdf

Tribunal Constitucional del Perú. (2003, 11 de noviembre). Sentencia recaída en el Expediente N.º 0008-2003-AI/TC. Disponible en: https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/00008-2003-AI.html


[1] Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), doctoranda en Derecho por la misma universidad y magíster artis en Derecho, Economía y Políticas Públicas por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y la Universidad Complutense de Madrid. Docente de la PUCP y de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Fue directora de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Indecopi (2017-2021). Es miembro del Grupo de Investigación en Derecho Administrativo de la PUCP. Sus líneas de investigación son la protección del consumidor, la protección de datos personales, transparencia y acceso a la información pública, y los derechos digitales. Correo electrónico:  ledesma.wr@pucp.edu.pe y/o Wendy.ledesma@uarm.pe Orcid: https://orcid.org/0000-0002-5290-8868

Who Decides When Your Thought Becomes a Message?

Doutrina

It is 2034. Two years ago, you had a brain-computer interface fitted, and it has since replaced your phone. You think of a sentence, and it’s delivered as a message: no typing, no talking, no screen. It is faster than anything you have used before and, like most people around you, you have long stopped wondering how it works.

One Friday evening, your boss emails to ask whether you could “just take a quick look” at something over the weekend. For half a second, a sentence forms in your head that you would never say out loud. Then you compose a polite reply: of course, happy to help. You did think it, but did you say it?

Doesn’t matter. Your boss receives both.

On Monday, the questions begin. Did you say the first message, or did you merely think it while your device said it for you? Can it be used in disciplinary proceedings? Is it, in any meaningful sense, yours?

None of this is pure science fiction. In August 2025, a Stanford team published findings showing that “inner speech” produces brain activity that resembles, in a weaker form, the activity produced when we try to speak. In the researchers’ own words, this raises the possibility that inner speech could accidentally leak out, so that a speech implant could end up decoding something the user intended only to think, not to say aloud. As Nita Farahany put it, the boundary between public and private thought may be blurrier than we assume. For lawyers, that blur is arguably even more problematic, because it reaches the heart of one of the oldest distinctions in our legal tradition.

The line the law takes for granted

European human rights law treats what happens inside your head very differently from what you do with it. On one side lies what we call the forum internum, in other words, the inner sphere in which you form, refine, doubt and abandon your thoughts. Under Article 9 of the European Convention on Human Rights and Article 10 of the EU Charter of Fundamental Rights, this inner sphere is protected absolutely: no interference with it can ever be justified, whatever the public interest at stake, so as to shield people from indoctrination, from attempts at “de-programming” and from being forced to disclose what they believe. In simple terms, you can be held to account for what you say or do, but not for what you think. On the other side lies the forum externum, which covers what you manifest to the world. That sphere can be limited, provided the limitation is lawful, necessary and proportionate. This, however, means there is a tipping point: whatever a “thought” may be, there is a point at which it stops being thought and becomes expression, and the law assumes it knows where that point lies.

For most human history, that assumption caused, generally, no problem. The line ran through your mouth, your pen or your keyboard, and a thought stayed in your head until you chose to let it out. That act of choosing was the tipping point on which every legal consequence we attach to speech, from liability and attribution to evidence and contract formation, depended. A brain implant changes things, because it removes the act that used to mark that tipping point. Speaking, writing or typing all require a separate, voluntary movement of the body, and that movement is what turns a thought into expression. A speech implant needs no such movement: it reads the neural activity behind the words directly. And since inner speech and attempted speech produce similar patterns in the brain, differing mostly in strength, the device cannot simply wait for you to “act”. It has to infer, from the signal itself, whether you meant to speak or were only thinking. As such, the decision to release a thought is no longer just something you perform, but an inference a device makes.

However, the moment of release cannot simply disappear, because, without it, either every passing thought would become speech, or no message would ever count as speech. What changes is, therefore, who draws the line between thought and action, and how. It may no longer be the person, through a decision of their own, but someone else.

Who draws the line today

The Stanford researchers saw this problem coming and engineered a two-part response. For implants designed to decode attempted speech, they trained the decoder to recognise inner speech and ignore it. For future implants designed to decode inner speech directly, they built something like a mental password: the system decodes nothing until the user silently “thinks” a rare keyword that unlocks it. In real-time tests, the keyword was correctly detected, or correctly not detected, 98.75% of the time, leading the authors to conclude that “high-fidelity methods exist to prevent unintended decoding of private inner speech”.

As far as engineering goes, this is both impressive and responsible. From a legal perspective, however, it may reveal something problematic, as the boundary between your absolutely protected inner life and your limitable expression may have just become a design parameter, a classifier threshold, a choice of keyword, an accuracy rate. Lower the threshold and more of your mind becomes “speech”, but raise it and the device misses or rejects messages you did mean to send. Somebody has to make that trade-off, and at present the obvious candidate is the manufacturer.

This is, of course, not meant to be a criticism of engineering or technological progress. The point is to ask ourselves whether that is acceptable for a distinction between what we think and what we do that our legal order and society treat as fundamental.

Why EU law does not reach it

One might expect the EU’s extensive digital rulebook to have an answer. It regulates personal data, artificial intelligence and medical devices, so there should be something. On closer inspection, however, there is not much.

The GDPR is the natural starting point, but it doesn’t really tell us when a thought becomes an action. The European Data Protection Supervisor has made clear that neurodata is personal data, even describing the use case at the centre of this piece as active collection, in which data is gathered while users are thinking about something, illustrated by imagined handwriting being decoded and translated into text. The processing is therefore plainly covered, and policymakers are already debating whether neural data should become an express special category under Article 9 GDPR: a European Parliament research study has floated the explicit inclusion of neurodata in Article 9, and others have called for a targeted amendment of Articles 4 and 9. That debate, however, concerns how strongly the data is protected, not what the data becomes. The GDPR asks whether the processing of your neural signals has a legal basis, a defined purpose and adequate safeguards. Those are questions about how the device handles your data, and they can all be answered satisfactorily without ever asking whether a particular thought should have been turned into an output in the first place. Imagine a manufacturer that complies with every one of them: it has your consent, processes your neural data only to transmit your messages, and keeps it secure. Its decoder can still misread a passing thought as an intended message and send it. Nothing in that sequence breaches the GDPR, because the processing did exactly what it was supposed to do. The failure is not in how your data was handled, but in what the device decided your data meant, and that is a question the GDPR simply does not ask.

The AI Act fares little better. It does mention brains, i.e. Recital 29 notes that manipulative techniques could be facilitated, for example, by machine-brain interfaces or virtual reality, and the Commission’s guidelines on prohibited practices refer to emerging machine-brain interfaces and advanced techniques like dream-hacking and brain spyware. Practitioners have also pointed out that neurotechnologies used to detect or infer emotions may fall under the rules on emotion recognition, and commentators increasingly argue that the Act could indirectly regulate neurotechnology as a whole. All of this, however, concerns AI that manipulates you or infers something about you. A decoder that faithfully converts your own leaked inner speech into a message does not necessarily do either. It simply speaks on your behalf.

The Medical Device Regulation can also be a good candidate, since a communication implant for a person with paralysis will very likely qualify as a medical device. Such a device must meet the Regulation’s general safety and performance requirements, i.e. it must achieve the performance intended by its manufacturer, be safe and effective, and incorporate software that ensures repeatability, reliability and performance in line with its intended use. Where its decoding AI forms part of a medical device subject to third-party conformity assessment, that AI also becomes a high-risk system under Article 6(1) of the AI Act. The implant in our opening scenario, however, might not be medical at all. It was meant to simply replace a phone. The MDR does extend to certain non-medical products listed in its Annex XVI, and point 6 of that Annex addresses neurotechnology, but only equipment “intended for brain stimulation” that applies currents or fields “to modify neuronal activity in the brain”. The Commission’s common specifications for those products accordingly focus on stimulation risks, such as side effects and interactions with other implants. A device that merely reads the brain, decodes its activity and sends messages likely stimulates nothing, and does not appear to fall within Annex XVI. The result is, therefore, quite curious. The patient who needs a brain-computer interface in order to communicate gets something that was subject to a conformity assessment, and other requirements, while the healthy consumer who adopts one as a lifestyle upgrade may receive none of these from the MDR. Even where the Regulation does apply, moreover, it asks whether the device is safe and performs as its manufacturer intends. Measuring performance against the manufacturer’s intentions might mean measuring the decoder against the manufacturer’s own definition of what ought to count as output. Leaked inner speech would most likely be treated under its rules on use error and software reliability, that is, as a performance defect rather than as a question about the boundaries of the self.

That leaves the Charter, with Article 10 protecting freedom of thought. The difficulty is that the Charter is addressed to the EU’s institutions and to the Member States when they are implementing Union law. This does not automatically exclude its use against companies, because the Court of Justice has accepted that some Charter provisions can be relied upon directly in disputes between private parties, i.e. in Egenberger and Bauer. In AMS, by contrast, the Court declined to treat workers’ consultation rights under Article 27 in the same way, because that provision must be given more specific expression in EU or national law to be fully effective. Two questions therefore remain open. The first is whether Article 10, applied to neural decoders, resembles Egenberger or AMS, that is, whether it is a self-standing right or one that needs legislative detail before it can operate between private parties. The second is whether a dispute about a consumer implant would fall within a field covered by EU law at all, given that no EU instrument specifically governs how decoders are designed. Neither question has been answered, which makes the Charter, at best, a common-sense but uncertain shield.

Taken together, this is not a story of any single instrument failing. Each does what it was designed to do: the GDPR protects personal data, the AI Act targets AI safety, the MDR checks safety and performance, and the Charter sets out the foundations. The gap lies between them, because every framework assumes that the boundary between thought and action, as we know it, still works.

First fix: make “intentional output” a legal requirement

The most intuitive solution would be to write the Stanford password into law, so that no brain-computer interface may output anything unless its user has deliberately unlocked it. The proposal is attractive for how conceptually simple it is. It is concrete and testable, it builds on a solution that already works in the laboratory, and it keeps control in the hands of the person whose mind is at stake. It even echoes familiar regulatory techniques, such as privacy by default or explicit consent. But it runs into three difficulties.

The first is that intention is not observable. The unlock keyword is itself a decoded neural event. In other words, the device does not perceive your intention, but a pattern of neural activity that it classifies as the password. A legal requirement of intentional output would therefore not solve the problem of detecting intent so much as push it back one step. Did you mean to think of the password, or did the phrase simply cross your mind while you were reading an article about brain implants?

The second difficulty is that such a rule would freeze today’s engineering into law. A keyword unlock suits current research devices, but it may not suit the interfaces of 2034, which may rely on continuous context, gaze, posture, emotional state or signals we cannot yet use. A rule mandating one particular mechanism risks being obsolete before it takes effect. A technology-neutral formulation, such as a requirement that outputs reflect the user’s intention, would avoid the freezing problem, but only by falling straight back into the first one, since it would be problematic to verify intent and compliance with the rule.

The third difficulty is that the rule does not answer the hard question. Even a well-designed unlock requirement will let some unintended outputs through at 98.75% accuracy, roughly one in eighty decisions in the reported tests went the wrong way. Accuracy will improve, but it may never be perfect. Even if a mandatory unlock reduces how often a thought escapes, it still says nothing about what an escaped thought legally is.

Second fix: treat unintended outputs as thought, not speech

A second solution would state that if an output left your head without your intention, the law would treat it as such and extend to it the absolute protection of the forum internum. You could not be held liable for it, it could not be used in evidence against you, and it could neither form a contract nor ground a claim in defamation. It keeps the protection of thought absolute, it places the risk of technical failure on the technology rather than the person, and it honours the intuition that no one should be punished for something they never chose to say. Here too, however, three problems emerge.

The first is that third parties cannot see the difference. Your boss received two messages that look exactly alike, and if one counts as speech while the other counts as protected thought, every message from a brain-computer interface user becomes legally uncertain. Legal certainty, on which contracts, evidence and liability all depend, would hinge on a classification the recipient of the output could not directly verify, and the cost of the technology’s failures would simply shift from the user to everyone who communicates with them. It also ignores reality. Your boss did receive that “thought”: it was read, it was understood, and it may already have changed how your boss sees you. The law can decide not to attach consequences to it, but it cannot make it unsent. Calling it a thought does not put it back inside your head. The forum internum is protected because what happens there stays there, and an output that has already reached another person has, as a matter of fact, left that sphere. A rule that pretends otherwise would protect a fiction rather than a mind, and it would leave the real harm, a message that was seen and cannot be unseen, entirely untouched.

The second problem is that the rule invites strategic use, and its enforcement would undermine its own purpose. “My implant said it, not me” would become a universal defence. Who, then, would decide whether a given output was unintended? Realistically, maybe only the manufacturer could, by analysing the system’s logs, the signal patterns, the decoder’s confidence scores, and so on. This leads to a paradox, where the protection of the forum internum would ultimately be enforced by searching for it.

The third problem is that the rule erodes the very absoluteness on which it relies. The forum internum is absolute precisely because its boundary is categorical, with thought on one side and manifestation on the other. This second fix would make that boundary depend on a probabilistic classifier and its confidence intervals. Protection that turns on contested technical evidence is no longer absolute in any meaningful sense.

What we should be discussing, and who should decide

Both fixes end up falling into the same trap: they look for a technical or legal patch for something that is, first and foremost, a conceptual problem. The first tries to engineer the line away by demanding better gates, while the second relabels whatever crosses it by mistake back into the protected zone. But the question remains: when a machine sits between your mind and the world, where should the law say our thinking ends?

This is not something that can be answered in a blogpost. What we can say is that the question is about to start being answered, potentially in the wrong place. Each manufacturer will answer it in its own way, in technical documentation, according to criteria driven by product performance and commercial competition. Even where regulation applies, it checks only that the manufacturer’s chosen line is implemented reliably, not that it is the right line. In other words, a commercial decision is settling a question of fundamental rights.

Who, then, should decide? The question of where an absolute right ends carries constitutional weight, and it belongs with those who bear democratic and judicial responsibility for protecting fundamental rights. That means the EU legislature, which will sooner or later have to decide whether non-medical neural interfaces require a framework of their own, and ultimately the courts, which will have to say what the Charter, the Convention and national constitutional law mean once a thought no longer needs a mouth to leave the body. Engineers and standard-setters will remain indispensable, since a rule that cannot be implemented is worthless. But the criteria for where thought ends and action begins should, first and foremost, be justified in the language of fundamental rights.

Neural interfaces that replace phones are not here yet. Inner speech, however, can already be decoded in principle, and the researchers themselves are working towards next-generation implants that decode it directly. We may have a decade. That is not long for a legal system to rethink one of its oldest distinctions, but it is long enough to begin the conversation, and beginning it now is far better than discovering, one leaked thought at a time, that the market has already decided for us.

Sealed for competitiveness: Meta’s AI glasses and the derogation from end-user replaceability of batteries for wearable devices

Doutrina

By Anna D’Agostino

One of the parameters of the ‘ease of repair and maintenance’, as provided by the Ecodesign for Sustainable Products Regulation (EU) 2024/1781, is the non-destructive disassembly and re-assembly of a product, so that it can be reused or repaired. This parameter includes the possibility for users to easily remove and replace the product’s battery, an aspect regulated by Art. 11 of the Batteries and Waste Batteries Regulation (EU) 2023/1542, which aims to prevent premature obsolescence and increase the collection of waste portable batteries.

Several industrial sectors are objecting to the implementation of this provision, which would apply as of 18 February 2027, or pushing for delays, alleging the safety risks such a requirement would create (i.a. for electric toys), its technical impossibility (e.g. in small devices), and its unintended negative consequences for environmental and consumer protection.

In this blog post, I shed some light on the tricky aspects of the general removability and replaceability requirements for portable batteries, also in view of the European Commission’s delegated act which recently introduced partial derogations from Art. 11 for a few product categories, such as ‘wearable devices’. Taking the example of AI glasses, I also reflect on the relationship between legal regimes and technological innovation, and on whether it may sometimes be desirable for innovation in certain markets to meet legal hurdles, so that it does not come at the expense of other important goals, but rather contributes to solving societal problems.

General end-user removability and replaceability requirements for portable batteries as a parameter for repairability

Art. 11 of the Batteries Regulation sets out general requirements for the removability and replaceability of portable batteries incorporated in products placed on the market. As a general rule, they need to be removable and replaceable by end-users at any point during the product’s lifetime. This means that batteries must be removable from a product with the use of commercially available tools, without requiring the use of specialised tools, unless provided free of charge with the product. A battery is readily replaceable where, after removal, “it can be substituted by another compatible battery without affecting the functioning, the performance or the safety” [Art. 11(6)], and the use of software to impede the replacement of a battery with a compatible one is prohibited [Art. 11(8)], which should prevent parts pairing and serialisation practices.

Art. 11(2) provides a partial derogation from end-user removability for certain products where it is necessary to ensure the safety of the product user. In those cases, it is sufficient that portable batteries can be replaced and removed by independent professionals with commercially available tools. Such tools should be available at a reasonable and non-discriminatory price to the independent repairer. The Commission guidelines specify that proprietary tools (i.e. ‘tools not available for purchase by the general public, or for which any applicable patents are not available for license under fair, reasonable and non-discriminatory terms’) should never be needed to remove portable batteries.

Delegated act adding partial derogations from Art. 11 of the Batteries Regulation

This derogation originally applied only to two product categories: wet-environment appliances and professional medical imaging devices. On 14 July 2026, the Commission adopted, pursuant to Art. 11 (4), the first delegated act (Delegated Regulation C(2026) 5031 final) expanding the list to include, among others, wearable devices for which the safety, durability or water resistance may be compromised by user access to the battery, and which are either too small for the end-user to safely handle a battery replacement or rely on a compact sealed enclosure to maintain functional integrity, including protection against dust and shock (letter c, as added to Art. 11(2)).

The Guidelines, clarifying Recital 39 of the Batteries Regulation, state that companies should have evidence that battery removability and replaceability would compromise the safety of the user or the appliance, and that there is ‘no way to redesign the appliance with current state of the art technology, without severely affecting the health and safety of the end-user or the performance and functionality of the product’. This might ensure that the partial derogation is not abused. However, such evidence does not seem too hard to produce.

The act is currently under the scrutiny of the European Parliament and the Council, which have so far raised no objections. Meanwhile, the act has drawn quite a reaction. Right-to-Repair advocates find it especially problematic that ‘the small size of products is presented as a justification for poorly replaceable batteries’, as this risks cementing a trend towards disposable miniaturised electronics, which also create fire hazards at the recycling stage. By contrast, the Computer and Communications Industry Association, whose members include Apple and Meta, welcomed the decision as pragmatic.

The example of AI glasses

This derogation comes in very handy for the wearable devices sector, which includes earbuds, smartwatches and, more recently, AI glasses. These are frames fitted with a camera, microphones, speakers and sometimes a display, combined with AI. Meta, the market leader, has repeatedly raised concerns with EU institutions over the legal hurdles that Art. 11 would have posed to this emerging market.

Meta voiced these concerns, for instance, in response to the call for evidence for the Circular Economy Act (November 2025), arguing that Art. 11 risked undermining the innovation potential of a market representing ‘the next generation of personal computing’ and could ‘stifle the very technologies where Europe has the strongest chance to lead globally’. It also raised similar concerns in its feedback to the call for evidence for the Digital Fitness Check (March 2026).

Both submissions reveal a narrative in which Art. 11 hinders not only EU competitiveness but the Regulation’s own goals. More precisely, Meta argues that Art. 11 would be detrimental to environmental and consumer goals if applied to AI glasses, citing durability (‘mandating consumer removability leads to shorter-lived batteries’) and evidence on consumers’ actual behaviour regarding the incorrect disposal of portable batteries through household waste streams, and adding that such measures would place ‘an unjustified burden on consumers, expecting them to handle high-tech devices correctly and properly dispose of extremely small batteries’. Meta thus claims that a derogation is suited to ensuring a higher level of consumer and environmental protection.

Some of these concerns have merit, and the delegated act, citing the risk of damaging tightly encapsulated batteries, goes some way towards meeting them. Still, I share some reflections on what Meta’s narrative may entail, and ask whether the proverbial “can of worms”, with possible repercussions for repairability more broadly, might have been opened.

Concerns about premature battery obsolescence and lock-in effects

While the user may still have the battery replaced by an independent professional, one may question whether, given the product’s miniature size, the partial derogation will in practice amount to a full derogation, with independent professionals being unable to perform such a task. In light of the iPhone batterygate scandal, and how it allegedly steered purchases of new models, it is also conceivable that once the battery is worn out or underperforming, the user will simply buy a new model rather than go to a professional repairer.

If Meta’s concern about consumers incorrectly disposing of batteries stands, where will consumers dispose of AI glasses whose battery cannot be removed? Meta may find a fix by introducing the good old trade-in schemes, which however tend to have a lock-in effect on consumers.

As for repairability, whether this may have broader repercussions for the aspirations of the Ecodesign Regulation and the Repair of Goods Directive (EU) 2024/1799 will depend on how strictly the derogation’s conditions are enforced and on whether new product-specific ecodesign requirements end up narrowing repairability parameters on various grounds. For example, the Ecodesign requirements for smartphones (EU) 2023/1670 provide, as lex specialis to the Batteries Regulation, a partial derogation from the end-user removability and replaceability requirements where the product embeds high-endurance batteries (Annex II, point B 1.1. (5)(a–c)). This was a way to find a balance between durability and repairability requirements.

Final reflections on technological innovation and EU competitiveness

Was it too naïve to imagine that technological innovation would also mean overcoming the technical difficulties of designing repairable tech, especially given that small electronics are often thrown away or replaced because their batteries wear out? The EU narrative on consumer empowerment strategy and the “right to repair” conveyed the impression of expanding consumers’ autonomy and their control of the goods they own.

A “reality check” shows we probably all were. Or maybe the most profitable technological innovation is not the kind that takes into account ease of repair and maintenance, or possible changes in consumer habits. This raises the question of whether such innovation is desirable at all. While innovation may seem a matter for the private sector, and best left to its own devices, the public sector often contributes to these markets in various ways or can have a say in which kinds of innovation are most needed.

In its feedback, Meta frames the AI wearable sector as an opportunity for the EU market, contending that by ‘prioritising this sector’ the EU can foster ‘a more integrated digital market and encourage the growth of a new category of innovative startups’. It is far from obvious that this is what the EU should want its competitiveness to rely on, and the role Big Tech’s narratives play in the shaping of EU’s vision of competitiveness deserves closer scrutiny.

In the case of AI glasses, ça va sans dire, the stakes extend beyond user-removable batteries and electronic waste. Recently, the French Data Protection Authority launched an action plan to monitor the sector, which it says poses a ‘new challenge for privacy and raises strong ethical and societal questions’. Meta already faces legal challenges, such as an action brought by HateAid, a German advocacy group assisting victims of digital violence. I hope the EU’s vision of competitiveness will reflect such scepticism, not out of naivety but out of maturity.

Jurisprudência dos Tribunais Superiores Portugueses: Recolha de Setembro de 2026

Jurisprudência

Nos últimos meses, o Supremo Tribunal de Justiça e os Tribunais da Relação proferiram diversos acórdãos de relevo em matéria de Direito do Consumo. Destacam-se, designadamente, acórdãos sobre o conceito de consumidor, a falta de conformidade em contratos de compra e venda e de empreitada, os serviços públicos essenciais, o Procedimento Extrajudicial de Regularização de Situações de Incumprimento (PERSI) e os pressupostos da ação popular.

A constante densificação jurisprudencial observada assume um papel determinante no reforço da tutela dos consumidores e no equilíbrio das relações de consumo. Ao clarificar o alcance prático dos conceitos e das regras legais aplicáveis a cada caso, a jurisprudência dos Tribunais Superiores fixa critérios orientadores fundamentais, assegurando uma aplicação mais uniforme do Direito e conferindo maior previsibilidade e segurança a todos os intervenientes.

Apresenta-se, de seguida, a análise das decisões de maior relevância proferidas e publicadas nos últimos meses.

Supremo Tribunal de Justiça decide sobre o ónus da prova da existência de falta de conformidade no momento da entrega um veículo automóvel que deflagrou em chamas

Por acórdão relatado pelo Juiz Conselheiro Jorge Leal, de 7 de julho, o Supremo Tribunal de Justiça julgou improcedente a revista excecional de um acórdão relativo à imputação da desconformidade de um automóvel usado, adquirido por um consumidor, que resultou no incêndio do veículo em circulação passados seis meses da sua entrega.

O cerne da questão assentava na impossibilidade de ambas as partes fazerem prova da causa do incêndio, devido ao grau de destruição do veículo, e se seria defensável imputar ao consumidor o ónus de provar que o defeito causador do incêndio era preexistente.

O Tribunal esclareceu que é expectável que um veículo possua características respeitantes à segurança na sua utilização e que circule sem deflagrar subitamente em chamas, constituindo este um requisito objetivo de conformidade nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Decreto-Lei n.º 84/2021, de 9 de dezembro. Assim, no caso em apreço, o Tribunal concluiu pela falta de conformidade.

Por fim, o Tribunal decidiu que, tendo o consumidor a expectativa de que o veículo se encontrava em boas condições de funcionamento e não sendo possível determinar a origem do incêndio, tendo este ocorrido dentro do prazo previsto do artigo 13.º, n.º 1 do DL nº 84/2021, e sendo, por isso, presumido existente à data da entrega, a situação deve qualificar-se como a manifestação de uma desconformidade do veículo à data da aquisição. Assim, cabia ao vendedor o ónus de demonstrar que o incêndio não era imputável a um defeito preexistente.

O Tribunal deliberou ainda que o facto de o consumidor ter alterado o escape da viatura não ilidia a presunção de desconformidade, por não ter ficado provado que essa alteração poderia ter sido a causa do incêndio.

Confirmando a decisão recorrida, o Tribunal concluiu que o consumidor tinha direito à resolução do contrato e à indemnização pelos danos sofridos.

Supremo Tribunal de Justiça esclarece que, na petição inicial de uma ação popular, não é necessária a individualização em concreto de todos os consumidores lesados e dos respetivos prejuízos

O Supremo Tribunal de Justiça, em acórdão relatado a 7 de julho, pelo Juiz Conselheiro Arlindo Oliveira, julgou procedente o recurso per saltum de uma ação popular intentada para a defesa dos direitos dos consumidores, fundamentada em prática comercial desleal, ação enganosa e prática comercial coerciva ou de influência indevida por parte da ré, nos termos da Diretiva 2005/29/CE.

As questões essenciais pautavam-se por verificar se a ação configurava uma ação popular que abrangesse a tutela de interesses difusos, coletivos e individuais homogéneos dos consumidores, permitindo a cumulação de pedidos declarativos, inibitórios e indemnizatórios, bem como aferir se a petição inicial seria inepta por não alegar os factos concretos e individualizados que consubstanciavam a causa de pedir.

Quanto à primeira questão, o Tribunal esclareceu que a exigência, na petição inicial, da individualização em concreto de todos os consumidores lesados e a quantificação concreta dos prejuízos de cada um deles seria praticamente impossível, configurando uma verdadeira denegação de justiça econstituindo ainda uma “autêntica prova diabólica”. No entanto, o Tribunal clarificou que tal entendimento não se traduz num “cheque em branco” aos eventuais lesados, incumbindo a estes, no prosseguimento da ação, fazerem prova da sua pertença ao universo dos lesados.

Relativamente à causa de pedir, o Tribunal decidiu que não se tratava de uma situação de ausência de alegação de danos, sendo apenas necessário corrigir as insuficiências e imprecisões na forma que foram alegadas, vertente que ganha especial relevância em face das especificidades da ação popular quanto à individualização concreta dos lesados.

Em suma, o Tribunal decidiu pela revogação da decisão recorrida e ordenou a baixa dos autos à 1.ª instância, a fim de o Juiz convidar a autora a suprir as insuficiências ou imprecisões quanto à alegação dos danos.

Supremo Tribunal de Justiça decide no sentido da impossibilidade de substituição do regime do PERSI por qualquer tipo de negociações informais

Por acórdão relatado pela Juíza Conselheira Maria Olinda Garcia, proferido no dia 13 de julho, o Supremo Tribunal de Justiça julgou procedente a revista excecional numa ação executiva proposta por uma instituição de crédito contra clientes consumidores, fundada no incumprimento de um contrato de mútuo e na subsequente sujeição ao regime legal do PERSI, nos termos do DL n.º 227/2012, de 25 de outubro.

O objeto da revista centrou-se na questão de saber se a mera existência de negociações entre a entidade mutuante e o cliente consumidor seria suficiente para se considerar cumprido o regime do PERSI antes da propositura da ação executiva ou se tais negociações teriam necessariamente de se desenvolver no quadro formal imposto pelas normas legais que regem esse procedimento.

O Tribunal esclareceu que o legislador não se limitou a consagrar que a ação executiva movida por um credor financeiro contra um consumidor deve ser antecedida de negociações. Em vez disso, estabeleceu um sistema formal no DL n.º 227/2012, com regras e prazos bem definidos, o PERSI, concretizando uma tutela reforçada dos consumidores enquanto clientes bancários.

Neste sentido, o Tribunal clarificou que o procedimento não pode ser encarado como um mero conjunto de formalidades eventualmente dispensáveis nem ser substituído por qualquer tipo de negociações. Tal entendimento decorre de exigências de segurança jurídica, da previsibilidade do momento do recurso à ação executiva e de evitar dúvidas sobre se a intensidade ou duração dessas negociações informais satisfariam o propósito do legislador ao instituir o PERSI.

Concretamente, o Tribunal decidiu que o envio da comunicação de integração no PERSI a apenas um dos executados e o posterior envio da comunicação de extinção a ambos correspondiam a lapsos no cumprimento de formalidades que não demonstravam a existência de efetivas negociações conformes ao disposto nos artigos 15.º e 16.º do Decreto-Lei n.º 227/2012. Ademais, o Tribunal sublinhou que a comunicação de extinção do PERSI não faz presumir o prévio envio de comunicação de integração no procedimento, incumbindo ao credor a prova de ambas as etapas.

Em suma, o Tribunal revogou o acórdão recorrido e julgou não demonstrado o cumprimento do PERSI em relação aos executados. Verificou-se, assim, o impedimento legal constante do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 227/2012, que obsta à propositura da ação executiva, constituindo uma exceção dilatória insuprível que conduz à extinção da instância executiva.

Supremo Tribunal de Justiça clarifica que a possibilidade de repercussão do sobrecusto do Ajuste MIBEL nos consumidores finais reveste natureza legal dispositiva e exige estipulação e esclarecimento contratual prévio

O Supremo Tribunal de Justiça, no acórdão relatado pela Juíza Conselheira Maria da Graça Trigo proferido a 17 de setembro, negou provimento ao recurso de revista no âmbito de uma ação fundada num contrato de fornecimento de energia elétrica, enquanto serviço público essencial, celebrado com consumidores finais.

O objeto do recurso passava por decidir a qualificação jurídica das normas do Decreto-Lei n.º 33/2022, relativas ao mecanismo ibérico de ajuste MIBEL e a sua repercussão na esfera jurídica dos consumidores finais, bem como verificar o cumprimento dos deveres de informação pré-contratual no âmbito do Regime das Cláusulas Contratuais Gerais e verificar se existiu abuso do direito.

No que respeita à natureza jurídica do ajuste MIBEL, o Supremo Tribunal de Justiça começou por analisar se a repercussão deste sobrecusto na esfera jurídica dos consumidores finais de energia elétrica decorria de norma legal imperativa com aplicação automática nos contratos a preço fixo ou se revestia natureza dispositiva. O Tribunal considerou que o regime do Decreto-Lei n.º 33/2022 opera de modo disjuntivo, ou seja, é de aplicação imperativa (ex lege) no mercado grossista de eletricidade, onde impõe a compensação aos produtores a gás, mas assume natureza meramente dispositiva ou concessiva (ex contractu) no mercado retalhista. Assim, a lei concede ao comercializador a faculdade de repercutir o sobrecusto no cliente final não isento ou de o internalizar na sua margem comercial por razões de estratégia concorrencial, dependendo a sua cobrança efetiva de concreta estipulação contratual.

Quanto às fontes normativas do dever de informação pré-contratual e o seu incumprimento, o Tribunal aferiu a origem e o cumprimento das obrigações de esclarecimento por parte do fornecedor de energia em relação à cobrança deste específico encargo. O Tribunal considerou que, estando no âmbito das relações de consumo e no domínio de um serviço público essencial prestado através de contratos de adesão, recai sobre o comercializador um dever de informação particularmente intenso, fundado no art. 227.º do Código Civil, no art. 184.º do Decreto-Lei n.º 15/2022, no art. 4.º da Lei n.º 23/96 e nos arts. 5.º e 6.º do RCCG. Tendo os contratos sido celebrados sob a modalidade de “preço fixo” e contendo apenas uma cláusula geral genérica e vaga sobre “outros custos legalmente exigidos”, concluiu-se que a ré violou o dever de informação transparente ao omitir por completo, na fase negocial, a aplicação do ajuste MIBEL e o seu significativo impacto financeiro.

O Tribunal esclarece ainda que, face à absoluta ambiguidade sobre se o custo final abrange ou não os encargos derivados do ajuste MIBEL, de acordo com a regra de que na dúvida prevalece o sentido mais favorável aos aderentes, a cláusula contratual deve ser interpretada no sentido de não abranger tais encargos.

Quanto às consequências jurídicas dessa omissão, o Tribunal entendeu que a falta de informação clara e concreta sobre a incidência do ajuste MIBEL determina a imediata exclusão da cláusula do contrato singular, nos termos do art. 8.º, alínea b), do RCCG. Foi rejeitada a pretensão da ré de aplicar as normas do Decreto-Lei n.º 33/2022 a título de integração supletiva, nos termos do art. 9.º do RCCG, clarificando-se que a norma legal em causa é concessiva e não supletiva, e que acolher a tese contrária implicaria reverter a exclusão, esvaziando a função tutelar do regime das cláusulas contratuais gerais.

Por fim, no que respeita ao alegado abuso do direito por parte dos consumidores finais, o acórdão abordou a alegação de venire contra factum proprium deduzida pela comercializadora, a qual sustentava que as autoras pretendiam beneficiar da contenção de preços sem suportar o encargo associado. O Tribunal afastou a existência de qualquer atuação ilícita ou abusiva ao abrigo do art. 334.º do Código Civil. Considerou-se que a recusa de pagamento do ajuste MIBEL não decorre de um comportamento contraditório, mas sim do exercício legítimo de uma tutela concedida por lei ao consumidor perante o incumprimento do dever pré-contratual de informação por parte da própria ré, mantendo-se os contratos válidos e expurgados da cláusula excluída em nome do princípio da conservação dos negócios jurídicos.

Em suma, o Supremo Tribunal de Justiça decidiu julgar improcedente o recurso de revista e confirmar a decisão recorrida, declarando a não exigibilidade do sobrecusto do ajuste MIBEL às autoras, na qualidade de consumidoras finais.

Tribunal da Relação de Lisboa clarifica que, até à comunicação da extinção do PERSI, o devedor consumidor encontra-se em situação de mora e não de incumprimento definitivo

Por acórdão relatado a 9 de julho, pelo Juiz Desembargador Fernando Caetano Besteiro, o Tribunal da Relação de Lisboa julgou improcedente o recurso de apelação no âmbito de um litígio emergente de um contrato de crédito ao consumo, com foco na verificação do cumprimento dos requisitos formais do PERSI e nas suas consequências processuais, nos termos do DL n.º 227/2012.

O objeto do recurso centrou-se em verificar se a decisão de primeira instância incorrera em erro ao julgar verificada a exceção dilatória atinente à falta de demonstração da integração dos executados no PERSI e da subsequente extinção desse procedimento.

A instituição bancária exequente pretendia o provimento do recurso para fazer prosseguir a ação executiva intentada contra os clientes consumidores. Contudo, o Tribunal da Relação sublinhou que o regime do PERSI consagra normas de ordem pública com caráter eminentemente protetor do cliente bancário consumidor que enfrente dificuldades no cumprimento das obrigações decorrentes de contratos de crédito, razão pela qual se exige a rigorosa observância dos seus requisitos formais antes de os demandar judicialmente.

Neste enquadramento, o Tribunal considerou que a comprovação do cumprimento dos deveres de comunicação de integração no PERSI e da respetiva extinção constitui uma condição de admissibilidade da ação declarativa ou executiva, cuja omissão gera uma exceção dilatória insuprível, de conhecimento oficioso, que determina a absolvição da instância.

A instituição de crédito alegava que o contrato já se encontrava definitivamente incumprido e resolvido em 2011, antes da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 227/2012, a 1 de janeiro de 2013, motivo pelo qual o regime do PERSI não seria aplicável nem haveria necessidade de nele integrar os devedores.

Contudo, o Tribunal sustentou que o cumprimento das obrigações decorrentes do PERSI apenas seria dispensado se o contrato tivesse sido efetivamente resolvido por incumprimento em data anterior. Como a prova dos autos demonstrou que a comunicação do prazo suplementar razoável para cumprimento e a interpelação resolutiva do contrato só ocorreram em 2023, juntamente com o requerimento executivo, o Tribunal entendeu que, até essa data, a situação contratual dos executados se reconduzia à simples mora.

Assim, o Tribunal concluiu que, à data da entrada em vigor do regime do PERSI, o contrato em causa permanecia em vigor, pelo que os devedores consumidores não podiam ser demandados judicialmente sem a prévia e regular observância desse procedimento. Não se mostrando provadas a integração dos executados no PERSI nem a sua válida extinção, julgou-se verificada a exceção dilatória inominada decorrente dessa omissão.

Em suma, o Tribunal julgou improcedente o recurso, confirmando a decisão recorrida e mantendo a absolvição dos clientes bancários da instância executiva e a consequente extinção da execução, por força da inobservância do regime legal imperativo do PERSI.

Tribunal da Relação do Porto clarifica que recai sobre o terceiro adquirente do bem o ónus de alegar e provar a sua qualidade de consumidor para beneficiar do regime do DL nº 67/2003

O Tribunal da Relação do Porto, por acórdão relatado pela Juíza Desembargadora Ana Paula Amorim, no dia 1 de julho, julgou improcedente o recurso de apelação, com voto de vencido, no âmbito de uma ação emergente de um contrato de locação financeira de um automóvel novo com defeito, com posterior transmissão da posição de comprador ao autor.

A questão do recurso mais relevante para a análise centra-se em verificar se o autor cumprira o ónus de alegação e prova da sua qualidade de consumidor, condição indispensável para a aplicação do regime especial de proteção.

Não se encontrando apuradas as circunstâncias em que a posição do comprador se transmitiu ao autor-apelante, o Tribunal considerou que é a data da celebração do primitivo contrato de compra e venda que determina o regime jurídico aplicável, no caso, o regime do Decreto-Lei n.º 67/2003, de 8 de abril, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 84/2008, de 21 de maio.

Quanto à qualificação do contrato como venda de bens de consumo nos termos do aludido diploma, o Tribunal da Relação analisou se o caso prefigurava uma relação de consumo, sublinhando que o ónus da prova recai sobre quem pretende beneficiar de tal regime legal.

Neste sentido, não sendo o autor o primeiro adquirente do bem e pretendendo beneficiar do regime previsto no artigo 4.º, n.º 6, do referido diploma, incumbia-lhe o ónus de alegar e provar que, na transação que celebrou, interveio na qualidade de consumidor, isto é, que adquiriu o veículo para uso pessoal e não profissional ou, pelo menos, predominantemente não profissional, e que a pessoa que lho vendeu atuou no âmbito da sua atividade profissional.

O Tribunal entendeu que o autor não alegou e, como tal, não provou a qualidade de consumidor na aceção do Decreto-Lei n.º 67/2003. Consequentemente, não podia beneficiar do regime previsto nesse diploma, não merecendo qualquer censura a sentença recorrida por não ter aplicado o prazo de caducidade previsto no artigo 5.º-A para as vendas de bens de consumo.

Em suma, o Tribunal julgou o recurso improcedente, confirmando a sentença recorrida.

Não obstante, o Juiz Desembargador Jorge Martins Ribeiro lavrou voto de vencido, por entender que se justificava conceder provimento ao recurso, anular a sentença recorrida e determinar a ampliação da matéria de facto a fim de averiguar os factos relativos ao estatuto de consumidor. Argumentou que o Tribunal de 1.ª instância poderia e deveria ter averiguado essa factualidade, frisando ainda que, sendo o primeiro locatário e o autor pessoas singulares, estariam, em princípio e salvo melhor averiguação, em condições de beneficiar do estatuto de consumidores.

Tribunal da Relação do Porto reforça a necessidade de o exequente provar a resolução do contrato de crédito em data anterior à entrada em vigor do DL n.º 227/2012 para afastar a obrigatoriedade do PERSI

No acórdão de 1 de julho, relatado pela Juíza Desembargadora Manuela Machado, o Tribunal da Relação do Porto julgou improcedente o recurso de apelação relativo a uma ação executiva fundada no incumprimento de um contrato de crédito celebrado com um cliente bancário consumidor, centrando-se a análise no regime legal do PERSI, disposto no DL nº 227/2012.

As questões centrais pautavam-se por saber se o cliente consumidor deveria ter sido integrado no PERSI como condição objetiva de procedibilidade da ação executiva, bem como apurar se o contrato de crédito em causa teria sido resolvido antes da entrada em vigor do referido diploma legal, ocorrida a 1 de janeiro de 2013.

Neste âmbito, o Tribunal esclareceu que a obrigação de integração dos devedores no PERSI, imposta às instituições de crédito e aos cessionários do crédito, se aplica aos contratos que não se encontrassem resolvidos à data da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 227/2012, desde que se verifique o não cumprimento de obrigações dele decorrentes, ou seja, desde que o devedor se encontre em mora.

Recaindo sobre a entidade de crédito ou sobre a quem foi o crédito cedido o ónus da prova do cumprimento das obrigações decorrentes do PERSI, nomeadamente as fases de integração e de extinção do procedimento, enquanto condições objetivas de procedibilidade da execução, o Tribunal sublinhou que recai igualmente sobre essas entidades o ónus de demonstrar que o cliente consumidor não estava sujeito ao PERSI em virtude de uma resolução contratual anterior à entrada em vigor do diploma.

Contudo, o Tribunal concluiu que a exequente não apresentou qualquer prova de que o contrato de crédito tivesse sido resolvido antes de 1 de janeiro de 2013, salientando que a única comunicação com menção à resolução do contrato apenas foi enviada ao consumidor no ano de 2024.

Assim, a prévia integração do devedor no PERSI constituía uma condição objetiva de procedibilidade que não foi observada, motivo pelo qual a ação executiva não podia ter sido intentada, devendo ser julgada extinta.

Em suma, o Tribunal julgou improcedente o recurso, confirmando a decisão recorrida que julgou procedentes os embargos de executado e declarou a extinção da instância executiva por falta de integração do cliente bancário consumidor no regime do PERSI.

Tribunal da Relação do Porto reforça a tutela do direito do consumidor à resolução do contrato no âmbito da venda de automóvel com desconformidade

Por acórdão relatado pelo Juiz Desembargador Carlos Gil, proferido a 1 de julho, o Tribunal da Relação do Porto julgou o recurso de apelação parcialmente procedente no âmbito de uma ação declarativa de condenação intentada para efetivar o direito de resolução do contrato relativo à compra e venda de um automóvel usado desconforme.

O objeto do recurso que nos releva centrou-se em comprovar a existência da desconformidade no veículo vendido, verificar se ocorreu violação da hierarquia no exercício dos direitos em caso de venda de coisa desconforme e decidir os efeitos da resolução contratual.

Por ter sido vendido como bem usado, o Tribunal esclareceu que o prazo de responsabilidade da vendedora por falta de conformidade foi reduzido para 18 meses, nos termos do DL n.º 84/2021.

O Tribunal concluiu que o automóvel padecia de falta de conformidade objetiva, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 7.º do referido diploma, demonstrada pelas patologias que foi manifestando ao longo de nove meses, sem que nenhuma intervenção mecânica obtivesse sucesso. Neste sentido, o Tribunal entendeu que o estado do veículo não correspondia à funcionalidade esperada de uma viatura destinada a uso diário, situação agravada por um defeito no filtro de partículas que impedia a utilização do veículo em percursos exclusivamente urbanos. O Tribunal sublinhou ainda que tal falta de conformidade se presume legalmente existente à data da entrega do bem, nos termos do artigo 13.º, n.ºs 1 e 3, do diploma.

Quanto à invocação da violação da hierarquia no exercício dos direitos, o Tribunal esclareceu que a primeira manifestação da inadequação funcional do veículo para circulação urbana ocorreu antes de decorrido um mês sobre a compra do veículo. Neste enquadramento, entendeu o Tribunal que a consumidora podia, à sua escolha, solicitar a imediata substituição do bem ou a resolução do contrato, nos termos do artigo 16º do DL nº 84/2021.

Além disso, o Tribunal considerou que a impossibilidade de uso exclusivo do veículo em circuito urbano constitui uma limitação de tal forma severa ao uso da viatura que consubstancia uma falta de conformidade grave, para os efeitos da alínea d) do n.º 4 do artigo 15.º do referido diploma. Assim, concluiu-se que a consumidora não violou a hierarquia dos direitos, limitando-se a exercer o direito potestativo extintivo que a lei lhe conferia por falta de conformidade objetiva, devidamente fundado em duas previsões legais distintas.

Relativamente aos efeitos da resolução contratual, o Tribunal esclareceu que esta se tornou eficaz quando a vendedora tomou conhecimento da declaração resolutiva endereçada pela consumidora em 2023. Perante essa declaração, a vendedora não colaborou no sentido de permitir a restituição do veículo pela consumidora, nem a impugnou judicialmente. Tal atitude passiva determinou a sua constituição em mora, com a consequente inversão do risco de perda da coisa.

Por fim, verificando-se no caso em apreço uma situação de coligação negocial, entre o contrato de compra e venda e o contrato de crédito ao consumo, e tendo a consumidora suportado o pagamento de prestações à entidade financeira, que, por sua vez, liquidava montantes à vendedora, o Tribunal condenou a vendedora a restituir os valores ao banco financiador e condenou este a restituir os valores das prestações pagas à consumidora.

Em suma, o Tribunal julgou o recurso parcialmente procedente quanto aos efeitos da resolução do contrato, alterando a sentença recorrida no sentido de determinar que a vendedora proceda à indicação de dia e hora, no prazo de 10 dias após o trânsito em julgado, para que a consumidora lhe restitua o veículo.

Tribunal da Relação de Coimbra esclarece a aplicação do direito à reparação de defeitos numa empreitada de consumo perante a falta de desconformidade da obra

Em acórdão relatado pela Juíza Desembargadora Emília Botelho Vaz, proferido a 9 de julho, o Tribunal da Relação de Coimbra julgou parcialmente procedente o recurso de apelação no âmbito de um litígio emergente de um contrato de empreitada de consumo, centrado na existência de falta de conformidade da obra executada.

As questões a decidir pautavam-se por saber se à consumidora, dona da obra, assiste o direito à reparaçãodo telhado e à entrega de garantia de conformidade do betão aplicado na obra, bem como a apreciação da invocação de abuso de direito por parte do empreiteiro em relação à dona da obra.

O Tribunal esclareceu que ao caso em apreço se aplicava o regime da empreitada de consumo, porquanto a dona da obra assume a qualidade de consumidora e a obra se destinava a uso não profissional, sendo aplicável o Decreto-Lei n.º 84/2021, de 9 de dezembro, sem prejuízo da aplicação subsidiária do Código Civil.

Neste regime, o Tribunal clarificou que, verificada a existência de defeitos ou a falta de conformidade, o dono da obra tem direito à reposição da conformidade, o que, em regra, se traduz na reparação dos defeitos sem encargos para o consumidor. Tal direito não prejudica o exercício de outros direitos independentes que não dependem de uma ordem hierárquica sucessiva, nomeadamente a substituição da obra, a redução adequada do preço e a resolução do contrato.

O Tribunal explicitou ainda que o ónus de alegar e provar o defeito ou a falta de conformidade compete à dona da obra. Para o efeito, basta a comprovação de uma das situações previstas nas alíneas do n.º 2 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 84/2021, não sendo necessário demonstrar a causa do defeito. Vigora uma presunção juris tantum de falta de conformidade. Neste âmbito, resultou provado que a dona da obra demonstrou a falta de conformidade referente a telhas partidas, com tonalidades diferentes e manchas, bem como a tamancos danificados.

Considerando preenchido o conceito de falta de conformidade, o Tribunal entendeu que a dona da obra podia exercer livremente qualquer um dos direitos conferidos pelo artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 84/2021, respeitando os limites da boa-fé, dos bons costumes e do fim social e económico do direito. Assim, o Tribunal concluiu que, ao exercer o direito à reparação que lhe assiste enquanto consumidora, a dona da obra não excedeu tais limites, não se verificando a figura do abuso de direito.

Quanto à exigência de entrega da garantia de conformidade do betão, o Tribunal decidiu tratar-se de uma questão nova suscitada em sede de recurso, ficando assim desobrigado do seu conhecimento.

Em suma, o Tribunal condenou a ré a proceder à reparação do telhado e, atenta a natureza dos trabalhos, fixou para a execução um prazo razoável que determinou ser de 60 dias, contados do trânsito em julgado, a fim de evitar o agravamento dos danos e a frustração da finalidade da obra.

Tribunal da Relação de Coimbra reforça o requisito formal substancial do suporte duradouro nas comunicações no âmbito do PERSI

O Tribunal da Relação da Coimbra, em acórdão relatado pelo Juiz Desembargador Paulo Correia, a 9 de julho, julgou parcialmente procedente o recurso de apelação no âmbito de uma ação de oposição à execução emergente do incumprimento de um contrato de crédito celebrado com dois clientes consumidores, centrando-se nas exigências do regime do PERSI, nos termos do DL nº 227/2012.

O objeto do recurso a apreciar tratava-se de saber se o Banco exequente efetuou prova de ter dado oportunidade aos executados para regularizarem a dívida no âmbito do PERSI, bem como de lhes ter apresentado uma proposta de amortização.

O Tribunal clarificou que recai sobre o banco exequente o ónus de alegar e provar ter efetuado as devidas comunicações à contraparte devedora, em estrita observância dos seus deveres de informação e proteção do cliente consumidor. Para o efeito, a instituição tem de demonstrar a comunicação, realizada em suporte duradouro, no tocante à abertura e ao encerramento do PERSI, assim como relativamente ao resultado da avaliação desenvolvida sobre a capacidade financeira do cliente bancário ou à apresentação de, pelo menos, uma proposta de regularização.

O Tribunal clarificou que cabia ao Banco exequente o ónus da alegação e prova de ter procedido às legais comunicações à contraparte devedora, em observância dos seus deveres de informação e proteção do cliente consumidor, tendo de demonstrar a comunicação, em suporte duradouro, quanto à abertura e encerramento do PERSI, bem como do resultado da avaliação desenvolvida sobre a capacidade financeira do cliente bancário ou a apresentação de, pelo menos, uma proposta de regularização.

No caso vertente, embora tenha ficado demonstrado que os contactos entre o banco exequente e os executados deixaram de ter sucesso a partir da comunicação da abertura do PERSI, o Tribunal considerou que a instituição exequente não logrou provar ter efetuado a comunicação de integração no regime em suporte duradouro.

O Tribunal sublinhou a incoerência do procedimento ao notar que carecia de justificação o facto de a abertura e o encerramento do PERSI terem sido comunicados em suporte duradouro, designadamente através de cartas enviadas para o domicílio dos clientes consumidores, enquanto o resultado da avaliação e a apresentação da proposta de regularização da dívida não o foram, uma vez que não ficou provado o envio de qualquer carta respeitante a essa fase.

Ademais, o Tribunal considerou irrelevante o facto de, no âmbito da transferência do processo de incumprimento para empresas externas de gestão e recuperação de créditos, terem sido efetuados contactos com os consumidores com vista à regularização da dívida que não culminaram em acordo.

Em suma, o Tribunal decidiu julgar procedente o recurso na parte relativa ao regime do PERSI, revogando a decisão recorrida e absolvendo os clientes consumidores da instância executiva, por inobservância do requisito de forma substancial atinente às comunicações em suporte duradouro, nos termos do Decreto-Lei n.º 227/2012.

Tribunal da Relação de Évora esclarece que a mera declaração da instituição de crédito exequente de que efetuou a integração do cliente consumidor no PERSI não supre o requisito de suporte duradouro da comunicação

Por acórdão relatado pela Juíza Desembargadora Sónia Moura, de 2 de julho, o Tribunal da Relação de Évora julgou improcedente o recurso de apelação no âmbito de uma ação executiva emergente do incumprimento de um contrato de abertura de crédito celebrado com clientes bancários consumidores, centrando-se no regime formal do PERSI, constante do DL nº 227/2012.

O objeto do recurso centrou-se em decidir se se verificava a exceção dilatória insuprível da falta de integração dos clientes bancários consumidores no PERSI.

O Tribunal começou por esclarecer que a alegação e a prova da integração do cliente bancário no PERSI, bem como da posterior extinção do procedimento, competem integralmente ao credor exequente.

Relativamente à integração no PERSI, o Tribunal considerou que a mera declaração da instituição bancária exequente de que efetuou tal integração não supre a falta de junção aos autos das cartas pertinentes, uma vez que as comunicações relativas a este procedimento têm necessariamente de ser efetuadas em suporte duradouro. Perante a inexistência dessas cartas, colocou-se a questão de saber se a prova da integração no PERSI poderia ser suprida por outros meios de prova ou por presunções judiciais, meios que habitualmente servem apenas como apoio complementar à junção das cartas.

A este propósito, o Tribunal qualificou a exigência formal da realização das comunicações em suporte escrito como um requisito ad probationem. Nestes casos, por força do disposto no Código Civil, não é legalmente admissível a prova testemunhal nem a prova por presunções judiciais, pelo que a realização das comunicações apenas poderia ser demonstrada através dos próprios documentos que as corporizam ou por confissão expressa, judicial ou extrajudicial, o que não se verificou no caso vertente.

Quanto à extinção do PERSI, o Tribunal analisou a faculdade de a instituição de crédito, por sua iniciativa, extinguir o procedimento quando seja promovida penhora sobre bens do devedor a favor de terceiros. Contudo, sublinhou que a instituição bancária não pode prescindir de apreciar concretamente se as circunstâncias do caso justificam pôr termo ao procedimento ou se, pelo contrário, não obstam ao seu prosseguimento.

Neste enquadramento, considerando que a instituição bancária beneficiava de uma hipoteca para garantia do seu crédito, uma garantia real que assegura o pagamento prioritário em relação aos demais credores que não gozem de privilégio especial ou de prioridade no registo, e verificando-se que a penhora registada era respeitante a um crédito comum, concluiu-se que a prioridade do crédito da exequente não estava colocada em crise.

Em suma, o Tribunal julgou o recurso improcedente, confirmando a decisão recorrida que absolveu os clientes bancários consumidores da instância executiva, por se entender que a existência de penhora do imóvel hipotecado a favor de terceiro não torna automaticamente desnecessária nem afasta a integração imperativa dos consumidores no regime do PERSI.

Tribunal da Relação de Évora clarifica que o saldo negativo em cartão de crédito não pago por cliente consumidor pode configurar simples mora e não incumprimento definitivo para efeitos do PERSI

Em acórdão relatado pelo Juiz Desembargador Vítor Sequinho dos Santos, a 14 de julho, o Tribunal da Relação de Évora julgou procedente o recurso de apelação no âmbito de uma oposição à execução fundada no incumprimento de um contrato de utilização de cartão de crédito celebrado entre uma instituição de crédito e o cliente consumidor, centrando-se no preenchimento dos requisitos do regime do PERSI, nos termos do DL nº 227/2012.

O objeto do recurso centrou-se em verificar se a entidade exequente, ou o banco cedente do crédito, incumpriu o dever de integrar o cliente bancário consumidor no PERSI, omissão que constitui uma exceção dilatória inominada e determina a extinção da instância executiva.

O Tribunal a quo havia decidido que o incumprimento do contrato de utilização do cartão de crédito ocorrera em 2009, ou seja, antes da entrada em vigor do regime do PERSI, a 1 de janeiro de 2013. Contudo, o Tribunal da Relação entendeu que, à luz do regime transitório do Decreto-Lei n.º 227/2012, a primeira instância errou ao considerar que o contrato descrito no título executivo não estava abrangido pela aplicação do regime.

O Tribunal esclareceu que a existência de saldo negativo no cartão de crédito e a falta de pagamento da quantia em dívida por parte do cliente consumidor não configuram, por si só, um incumprimento definitivo, mas antes uma situação de simples mora. Ademais, a instituição bancária nunca alegou nem provou factos demonstrativos de que tal mora se tenha convertido em incumprimento definitivo, nos termos do artigo 808.º do Código Civil, nem que tenha operado a resolução do contrato com esse fundamento em data anterior à entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 227/2012.

Assim, o Tribunal concluiu que o contrato em causa subsistia plenamente à data da entrada em vigor do aludido diploma, encontrando-se o consumidor apenas em mora quanto ao pagamento do saldo bancário em dívida. Deste modo, o regime do PERSI e a consequente obrigatoriedade de integração do devedor eram plenamente aplicáveis. Não tendo ficado demonstrada a realização dessa integração, a propositura da ação executiva encontrava-se legalmente vedada.

Em suma, o Tribunal julgou procedentes o recurso e os embargos de executado, revogando a sentença recorrida e absolvendo o cliente consumidor da instância executiva, em virtude do preenchimento da exceção dilatória da falta de integração no PERSI.

Tribunal da Relação de Guimarães reforça a exigência rigorosa da verificação dos pressupostos da ação popular na tutela de interesses individuais homogéneos de consumidores

O Tribunal da Relação de Guimarães, no acórdão relatado pela Juíza Desembargadora Maria João Marques Pinto de Matos, a 2 de julho, julgou improcedente o recurso de apelação no âmbito de uma ação popular intentada para a defesa de direitos dos consumidores, fundamentada na alegada prática de especulação de preços, publicidade enganosa e prática comercial desleal e restritiva da concorrência, movida contra uma empresa de distribuição alimentar.

A questão que mais nos releva pautava-se por decidir se o Tribunal a quo incorrera em errada interpretação e aplicação do Direito ao julgar verificada a exceção dilatória inominada de omissão dos pressupostos próprios da ação popular quanto a um determinado produto (“pêssego paraguaio”), por considerar inexistente a necessária homogeneidade dos interesses individuais dos consumidores e por considerar que tais interesses individuais, no seu conjunto, não assumiam uma dimensão de relevância de ordem pública.

O Tribunal começou por densificar o conceito de interesses difusos em sentido estrito, definindo-os como aqueles de que todos participam pela pertença a uma comunidade, sendo indissociáveis dessa qualidade, intransmissíveis e insuscetíveis de divisão com destino a titularidades individuais ou até da fragmentação em quotas ou partes ideais. Ademais, o Tribunal reforçou as distinções concetuais entre interesses difusos stricto sensu, interesses coletivos e interesses individuais homogéneos, concluindo que o caso vertente respeitava a esta última categoria.

Nesta matéria, o Tribunal destacou que, para além da existência de um facto ilícito gerador de danos em massa, a viabilidade da tutela coletiva de interesses individuais homogéneos exige a clara prevalência dos elementos comuns sobre o “lastro de individualização” de cada consumidor lesado, bem como uma dimensão de relevância para a ordem pública que exceda a mera soma atomizada de interesses individuais atomizados.

No caso concreto, o Tribunal entendeu que a apreciação da responsabilidade civil para o pedido indemnizatório exigiria a verificação individualizada da situação de cada consumidor, nomeadamente no tocante à demonstração do dano, do nexo de causalidade, da efetiva cobrança de sobrepreço e da influência direta na decisão de consumo, prevalecendo a heterogeneidade das situações particulares e do interesses individuais sobre a matriz comum do ilícito, o que inviabiliza uma apreciação necessariamente unitária em sede de ação popular.

Adicionalmente, considerou-se que a comercialização com pretenso sobrepreço de um único bem alimentar, não qualificável como de primeira necessidade nem de largo consumo pela generalidade da população, circunscrita no tempo e ao espaço de uma única loja, carece da relevância comunitária ou dimensão social de ordem pública que justificaria o recurso ao mecanismo da ação popular. Assim, o Tribunal entendeu que devia ser respeitada a competência própria das instâncias especializadas, designadamente o Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão, e das entidades administrativas de regulação e fiscalização, como a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, cujos meios a autora tinha ao seu dispor.

Por fim, o Tribunal afastou as inconstitucionalidades invocadas, clarificando que a exigência de preenchimento rigoroso dos pressupostos legais não constitui uma restrição indevida ao direito fundamental de ação popular ou de acesso à tutela jurisdicional efetiva, tratando-se antes de uma delimitação necessária para reconduzir o instituto ao seu âmbito próprio e evitar a sua conversão num veículo genérico para todo e qualquer litígio individual de consumo, nos termos do artigo 52.º, n.º 3, da Constituição da República Portuguesa e da Lei n.º 83/95, de 31 de agosto.

Em suma, o Tribunal julgou improcedentes todos os fundamentos do recurso, confirmando integralmente a sentença recorrida que julgou verificada a exceção dilatória inominada de omissão dos pressupostos próprios da ação popular em relação ao referido bem alimentar.

Tribunal da Relação de Guimarães reforça que a presunção de culpa do empreiteiro numa empreitada de consumo não exonera o dono da obra de provar a execução defeituosa

Por acórdão relatado pelo Juiz Desembargador Joaquim Boavida, proferido a 2 de julho, o Tribunal da Relação de Guimarães julgou improcedente o recurso de apelação relativo a um litígio emergente de um contrato de empreitada de consumo com alegação de execução defeituosa.

O Tribunal considerou que ao contrato em apreço era aplicável o regime da empreitada de consumo, previsto no Decreto-Lei n.º 84/2021, de 18 de outubro. Contudo, notou que o dono da obra não pretendia exercer os direitos específicos conferidos por aquele diploma, mas sim acionar o direito de indemnização nos termos gerais da responsabilidade civil pelos prejuízos decorrentes do cumprimento defeituoso da prestação por parte da ré empreiteira.

Neste sentido, o Tribunal realçou que a obrigação de indemnizar por cumprimento defeituoso exige a demonstração, por parte do lesado, dos pressupostos gerais da responsabilidade civil contratual, com exceção da culpa, a qual se presume por força do n.º 1 do artigo 799.º do Código Civil. Do mesmo modo, esclareceu que o regime da empreitada de consumo estabelece a presunção de que a desconformidade já existia no momento da entrega do bem caso se manifeste dentro do prazo legal. Contudo, o Tribunal frisou expressamente que a existência do defeito não se presume em caso algum, constituindo um facto constitutivo do direito cuja prova compete integralmente ao dono da obra.

Aplicando tais princípios ao caso vertente, o Tribunal concluiu que o dono da obra não logrou demonstrar a existência de qualquer desconformidade na prestação executada pela ré. Embora tenha ficado provado que as infiltrações de água causaram estragos na caixa de escadas e no elevador, não foi possível apurar se essa infiltração ocorreu pela junção da tela asfáltica aplicada pela ré ou pelo próprio aro da claraboia, cuja intervenção não integrava o objeto do contrato de empreitada.

Quanto ao argumento do dono da obra de que se deveria extrair uma presunção judicial do facto de as infiltrações terem cessado após uma reparação posterior da ré, o Tribunal considerou tal ilação inadmissível. Tal deveu-se ao facto de essa reparação ter abrangido simultaneamente a zona intervencionada pela ré e a própria claraboia, subsistindo assim a dúvida quanto à real origem das infiltrações.

Deste modo, o Tribunal fundamentou que não se tratava de uma mera falta de prova da causa técnica do defeito, mas sim da própria ausência de prova da existência de um defeito imputável à prestação da ré.

Em suma, o Tribunal julgou improcedente o recurso, confirmando integralmente a sentença recorrida, com o fundamento de que a presunção de culpa do empreiteiro não exonera o dono da obra do ónus de provar a efetiva e defeituosa execução dos trabalhos, sem o qual se frustra um pressuposto essencial da responsabilidade contratual.

Review of the case law of the European Court of Justice: July and September 2026

Jurisprudência

July and September 2026 saw a number of relevant judgments from the Court of Justice of the European Union (CJEU) addressing important issues in consumer law. These decisions contribute to clarifying the interpretation of EU directives and regulations and further develop core principles such as consumer protection, legal certainty, and market fairness. Below is an overview of rulings delivered in these months, highlighting their practical implications for businesses, consumers, and regulators across the EU.

Court of Justice Clarifies Limitation Periods for Bank Restitution Claims Following Nullification of Unfair Consumer Contracts

In its judgment of 2 July 2026 (Joined Cases C-261/25 and C-262/25, Bank BPH and Raiffeisen Bank International), the Court of Justice of the European Union (CJEU) interpreted Articles 6(1) and 7(1) of Directive 93/13/EEC on unfair terms in consumer contracts, alongside the principles of effectiveness, proportionality, and legal certainty.

The cases arose from disputes between banks and consumers in Poland regarding mortgage loan agreements denominated in foreign currency that were declared null and void due to unfair terms. While consumers successfully sought the restitution of all payments made, the referring court sought guidance on when the limitation period begins for banks to bring counter-claims for the restitution of the original loan capital.

The Court ruled that EU law does not preclude national legal interpretations where the limitation period for a seller or supplier’s (bank’s) claim for restitution of undue payments, arising from a contract rendered void by unfair terms, begins to run from the date on which the consumer first challenged the binding nature of those terms or the contract before the bank.

The CJEU emphasized that because a contract cannot become void without the consumer’s will, a bank cannot have a valid claim for restitution before the consumer expresses an intent to invalidate the agreement. Starting the limitation period from the moment of the initial challenge ensures a fair balance between the parties, respects the principle of proportionality, prevents unjust enrichment, and satisfies legal certainty by providing clear foreseeability for both lenders and consumers.

General Court Rules Public Bodies Granting Housing Loans Qualify as “Sellers or Suppliers” under Consumer Protection Law

In its judgment of 9 July 2026 (Case C-188/25, Štátny fond rozvoja bývania v GL, KL, and SC), the Court of Justice of the European Union (CJEU) clarified the broad scope of Directive 93/13/EEC on unfair terms in consumer contracts regarding public bodies and reinforced the principle of the primacy of EU law.

The case concerned a dispute between the State Housing Development Fund (ŠFRB), a public body in Slovakia providing preferential housing loans for social policy purposes, and several borrowers and guarantors whose loans were terminated early. While a national supreme court had previously ruled that the fund was exempt from consumer protection rules because it acted in the public interest on a not-for-profit basis, the regional court sought guidance from the CJEU.

The Court ruled that a public body established to carry out housing assistance through preferential loans is a “seller or supplier” under Article 2(c) of Directive 93/13, provided the loan agreements fall within the scope of its professional activity. The CJEU emphasized that the functional definition of a seller or supplier encompasses entities pursuing tasks in the public interest, and the not-for-profit nature of an organization cannot deprive natural persons of their protective rights.

Crucially, the Court held that under the principle of the primacy of EU law, a lower national court, even when bound by domestic procedural rules to follow the legal rulings of a higher court, must disregard those rulings if they conflict with an interpretation of EU law provided by the CJEU via a preliminary ruling.

Overall, the ruling reinforces strong consumer protection standards across the public sector, ensuring that citizens utilizing state-backed housing programs enjoy identical protections against unfair terms as those dealing with commercial banks, while overriding conflicting national judicial hierarchies.

Court of Justice Rules Streaming Services Qualify as “Digital Services” Subject to Right of Withdrawal

In its judgment of 9 July 2026 (Case C-234/25, Sky Österreich Fernsehen v Verein für Konsumenteninformation), the Court of Justice of the European Union clarified the distinction between digital content and digital services under Directive 2011/83/EU. The case involved an Austrian dispute where streaming provider Sky required subscribers to waive their 14-day withdrawal right upfront, classifying streaming as exempt digital content, while consumer association VKI argued it was a digital service.

The Court ruled that streaming services where consumers access digital data live, on demand, or offline constitute digital services rather than digital content, provided the offering is dynamic and goes beyond the mere stable supply of specific files. Unlike static digital content, streaming platforms feature continuous involvement, regular updates, tailored recommendations, and flexible access.

Because streaming qualifies as a digital service, companies cannot automatically strip consumers of their statutory 14-day right of withdrawal. However, the Court noted that traders remain protected against abuse, as consumers who cancel during the withdrawal period must pay proportionate compensation based on the economic value of the content actually consumed.

Court of Justice Rules Safety Defects Do Not Automatically Justify Contract Termination

In its judgment of 9 July 2026 (Case C-307/25, KFZ Kolak v GF), the Court of Justice of the European Union interpreted Article 13(4)(c) of Directive (EU) 2019/771 on contracts for the sale of goods, clarifying the conditions under which a consumer can immediately terminate a sales contract or demand a price reduction due to a lack of conformity. The case arose from a dispute in Austria concerning the purchase of an eight-year-old second-hand vehicle that was found to have an engine oil leak affecting road safety, a defect that could nonetheless be rectified at a relatively low financial cost. Although the seller offered to repair the vehicle, the buyer demanded the immediate termination of the contract and a full refund.

The Court ruled that a lack of conformity relating to the safety of goods does not automatically have to be classified as serious under Article 13(4)(c) so as to justify an immediate price reduction or contract termination if the defect can be rectified relatively inexpensively. The CJEU emphasized that Directive 2019/771 aims to strike a balance between high consumer protection and enterprise competitiveness, meaning that denying the seller any opportunity to repair an easily fixable defect would upset the statutory hierarchy of remedies that normally prioritizes repair or replacement.

Furthermore, the Court noted that immediate termination is reserved for defects of such gravity that the consumer can no longer objectively maintain confidence in the seller’s ability to bring the goods into conformity, requiring a case-by-case assessment of factors such as the nature of the defect, the age and type of the goods, the cost of repair, and the seller’s conduct. Overall, the ruling provides a pragmatic interpretation of consumer sales law, protecting sellers’ rights to remedy easily fixable defects while preventing consumers from abusing minor or inexpensive flaws to instantly cancel contracts.

Court of Justice Rules Automatic Set-Off of Bank Claims in Void Mortgage Contracts Does Not Violate EU Law

In its judgment of 10 September 2026 (Case C-510/25, T.Z. and D.Z. v Bank S.A.), the Court of Justice of the European Union interpreted Articles 6(1) and 7(1) of Directive 93/13/EEC on unfair terms in consumer contracts, addressing how reciprocal financial claims must be settled when a mortgage loan is declared void due to unfair terms.

The case originated from a dispute in Poland between borrowers and a bank regarding a foreign-currency-denominated mortgage loan. When the contract was found to be invalid, a legal debate arose over whether national courts could automatically offset the bank’s right to recover the original loan capital against the consumer’s right to recover past payments (known as the “balance theory”), or whether the parties must pursue separate, independent claims (the “two claims theory”). The Polish referring court questioned whether automatic, court-driven set-offs disadvantaged consumers by limiting their claims and interest to amounts exceeding the initial capital lent.

The Court ruled that EU law does not preclude a judicial interpretation of national law under which a court proceeds to offset the reciprocal claims of the consumer and the bank of its own motion. The CJEU emphasized that while Directive 93/13 requires robust consumer protection and effective restitutory effects, it does not mandate a specific procedural mechanism for settling accounts after a contract is annulled, leaving Member States to apply their procedural autonomy.

Furthermore, the Court noted that automatic set-off ensures mutual restitution and prevents unjust enrichment for both parties, provided that the national court guarantees the consumer’s right to default interest on any excess amount, informs the consumer transparently of the legal consequences, and ensures that procedural costs do not deter consumers from asserting their rights under EU law. Overall, the ruling provides vital procedural flexibility for national courts, confirming that balancing reciprocal debts in annulled consumer contracts complies with European standards as long as the core protections of Directive 93/13 are fully upheld.

Court of Justice Rules Telecom Code Does Not Grant Unilateral Right to Change Contract Terms

In its judgment of 10 September 2026 (Case C-669/24, Verbraucherzentrale Bundesverband v Vodafone), the Court of Justice of the European Union interpreted the first subparagraph of Article 105(4) of Directive (EU) 2018/1972 (the European Electronic Communications Code), clarifying whether telecommunications providers have an automatic legal right to modify consumer contracts unilaterally. The case arose from a German consumer protection lawsuit challenging Vodafone’s general terms, which allowed the provider to change contract conditions at its discretion, subject to fairness considerations and a termination right. The provider argued that the EU Telecom Code inherently granted this right, shielding it from stricter national consumer protection reviews.

The Court ruled that the Telecom Code does not grant electronic communications providers the right to change contractual conditions unilaterally. Instead, the CJEU explained that Article 105(4) merely governs the legal consequences, specifically the end user’s right to terminate the contract without cost, when a provider exercises such a right.

The Court emphasized that the legal basis for making unilateral changes must be established by other rules under EU or national law, and that such terms remain fully subject to rigorous consumer protection frameworks like Directive 93/13 on unfair terms.

Overall, the ruling ensures that telecom providers cannot bypass national laws or consumer safeguards by misinterpreting EU termination rules as a blanket authorization.

Court of Justice Rules Energy Suppliers Cannot Unilaterally Fix Unfair Price Clauses or Limit Consumers’ Retroactive Claims

In its judgment of 24 September 2026 (Case C-900/24, SVB v Glarner Straße 5 GbR), the Court of Justice of the European Union interpreted Articles 6(1) and 7(1) of Directive 93/13/EEC on unfair terms in consumer contracts, severely restricting energy suppliers from modifying void pricing terms or blocking consumers from recovering long-standing overpayments.

The case arose from a long-term district heating supply contract in Germany containing opaque price adjustment clauses. When the consumer challenged the clauses as unfair and demanded a reimbursement of past overpayments spanning several years, the supplier relied on national case-law, known as the “three-year rule”, which prevents consumers from challenging price increases if not contested within three years. Additionally, the supplier attempted to unilaterally replace the void pricing clause with a supposedly compliant one.

The Court ruled that Directive 93/13 precludes national legislation or judicial practices under which an energy supply contract remains bound by price increases unless the consumer challenged them within a strict three-year window. The CJEU emphasized that maintaining the effects of an unfair pricing clause undermines the core restitutory and deterrent objectives of EU consumer protection law.

Furthermore, the Court held that suppliers cannot unilaterally amend or replace an unfair price adjustment clause with future effect. Such practices would rob the invalidation of its dissuasive effect, leaving suppliers free to use unfair terms secure in the knowledge that courts could simply rewrite the contract for them. Overall, the ruling reinforces robust consumer rights in long-term utility contracts, ensuring full retroactive reimbursement for unfair price hikes and banning unilateral corporate contract repairs.

Court of Justice Rules Contracts Concluded Off-Premises via Pre-Sent Offers Still Grant Withdrawal Rights

In its judgment of 24 September 2026 (Case C-381/25, PL and GQ v Gexx aeroSol), the Court of Justice of the European Union interpreted Article 2(8)(a) of Directive 2011/83/EU on consumer rights, clarifying the definition of an off-premises contract when a trader sends a written offer in advance that is later accepted by the consumer away from business premises. The case involved German consumers who signed a contract for a photovoltaic system at home after receiving a written offer from the solar company. When the consumers later attempted to exercise their 14-day right of withdrawal, the company argued that the contract did not qualify as off-premises because the offer was sent beforehand.

The Court ruled that a contract constitutes an off-premises contract whenever it is concluded in the simultaneous physical presence of the trader and the consumer away from the trader’s business premises, even if a written offer was sent in advance. The CJEU explained that under EU law, a contract is concluded upon acceptance, and as long as that final acceptance occurs away from business premises, the statutory definition is met.

The Court emphasized that the core rationale for off-premises protection is the potential psychological pressure consumers face when dealing face-to-face with a trader at home. Even if an advance offer removes the element of surprise, the physical presence of the trader during final acceptance still exposes the consumer to undue pressure, meaning prior paperwork does not strip consumers of their statutory withdrawal rights.

Quando quem recomenda um produto não existe: IA, publicidade e o desafio da confiança do consumidor

Doutrina

Por Leonor Gambôa Machado & Lucas Battistello Espindola

Em agosto de 2026, um vídeo promocional de lentes de contacto coloridas, protagonizado por Fang Taozi[1], uma “atriz” gerada por inteligência artificial, foi removido da plataforma Weibo após uma onda de reações negativas por parte dos utilizadores chineses. No vídeo, Fang Taozi afirmava que as lentes eram “confortáveis de usar durante todo o dia” e que o produto utilizava uma técnica especial para as manter estáveis, incentivando os utilizadores a “piscar com confiança”.

O argumento do público foi simples e, surpreendentemente, juridicamente fundamentado: uma figura virtual não pode usar lentes de contacto, tornando a sua “experiência pessoal de conforto” impossível e, por defeito, enganosa para os consumidores. Ou seja, quando uma personagem virtual relata uma experiência que não pode ter tido, não está apenas em causa a artificialidade de quem presta o testemunho, mas também a eventual natureza enganosa da própria mensagem, na medida em que esta possa induzir o consumidor em erro quanto às características ou vantagens do produto.

Este caso não é um episódio isolado. Segundo o Global Times[2], o recurso a protagonistas geradas por IA para fins de promoção comercial tornou-se uma tendência crescente em vários setores na China, com “atores gerados por IA” a publicitar regularmente produtos de beleza, skincare, bebidas e outras categorias de consumo.

E o mesmo começa a acontecer no mercado ocidental. Os chamados “virtual influencers” (figuras totalmente geradas por computador que habitam as redes sociais simulando comportamentos de criadores de conteúdo humanos) já acumulam audiências que rivalizam com as dos influenciadores mais populares do mundo. Lil Miquela, criada em 2016 pela empresa californiana Brud, conta com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram. Noonoouri, avatar gerado digitalmente e gerido pela empresa alemã Opium Effect, reúne mais de 400 mil seguidores. Juntos, e com muitos outros, estes avatares participam numa economia paralela de patrocínios e colaborações comerciais de marcas conhecidíssimas, com valores que rivalizam, e por vezes superam, os dos seus homólogos humanos[3].

No contexto em que temos um avatar a simular uma experiência física que não pode ter tido, a questão que se coloca é, afinal, tripla: é sequer permitido utilizar atores gerados por IA em publicidade? Em caso afirmativo, que pressupostos são necessários? E o que impõem, de forma autónoma e mais exigente, o direito do consumo e o direito da publicidade?

É permitido usar “atores IA” em publicidade?

Limitando-nos ao contexto europeu e, mais especificamente, a Portugal, a resposta curta é: não existe uma proibição genérica. A resposta honesta é: depende, e, em muitos casos, o cumprimento formal das regras existentes não será suficiente para garantir a licitude de uma campanha.

Seria tentador reduzir a análise às obrigações de transparência e informação à luz do regime vigente. Sem prejuízo de o presente artigo não se debruçar de forma exaustiva sobre as obrigações de transparência do Regulamento (UE) 2024/1689, de 13 de junho de 2024, relativo à inteligência artificial[4] (o “AI Act”)[5], importa assinalar que estas representam uma primeira camada, necessária, mas insuficiente, para analisar a questão em toda a sua extensão.

As obrigações de transparência do artigo 50.º do AI Act visam reduzir riscos de personificação, engano, desinformação e manipulação à escala, e mitigar potenciais impactos adversos nos processos democráticos e na confiança social causados por conteúdos ou interações gerados ou manipulados por IA. O artigo 50.º não proíbe a utilização de atores gerados por IA em publicidade, mas condiciona-a fortemente, ao impor obrigações de transparência (em especial a utilização de “deep fakes”) cujo incumprimento tem consequências jurídicas significativas.

Em específico, é considerado um “deep fake” o conteúdo de imagem, áudio ou vídeo gerado ou manipulado por IA que se assemelha a pessoas, objetos, locais ou entidades existentes e que falsamente parece autêntico ou verdadeiro. A avaliação é objetiva e contextual, considerando a mensagem transmitida, o contexto de distribuição e as expectativas razoáveis do público-alvo, incluindo grupos vulneráveis com menor literacia digital, sem exigir necessariamente uma intenção de enganar. O ponto que importa sublinhar é que os critérios de qualificação não dependem de a figura ser uma simulação de uma pessoa real e concreta. Pode também abranger representações sintéticas suficientemente realistas para serem percecionadas pelo público como autênticas.

Este entendimento é reforçado pelas Guidelines da Comissão Europeia[6], que explicam como um vídeo manipulado por IA com um influenciador “sintético” realista a testar um produto real patrocinado, focado unicamente na demonstração das funcionalidades do produto, representa um exemplo de deep fake para efeitos do artigo 50.º.

Para estes casos, o regime do AI Act exige que, se um conteúdo se qualifica como deep fake, o “deployer” ou “responsável pela implantação” (que, neste contexto, poderá ser a marca, a agência criativa e, eventualmente, a plataforma de distribuição) tem a obrigação de divulgar que o conteúdo foi artificialmente gerado ou manipulado, através de um rótulo ou indicação clara, compreensível e percetível (visível ou audível) para quem o visualiza, sem que o público necessite de recorrer a ferramentas técnicas adicionais. Em termos de posicionamento e formato, a indicação deve ser clara e distinguível, prestada o mais tardar no momento da primeira exposição[7].

No entanto, cumprir as obrigações de transparência do artigo 50.º não garante, por si só, que sejam cumpridos outros regimes jurídicos aplicáveis. Na verdade, as obrigações de transparência do AI Act operam “sem prejuízo” de outras disposições, podendo o direito do consumo e outros regimes impor divulgações adicionais ou mais exigentes. Em termos práticos, isto significa que a rotulagem exigida pelo AI Act é um dos crivos a ser observado, mas não o único a ser cumprido. Para que uma campanha publicitária com um ator gerado por IA seja verdadeiramente lícita, é preciso analisar pelo menos outra camada normativa no que toca ao direito da publicidade e ao direito do consumo.

Que limites impõem o direito da publicidade e o direito do consumo?

Voltemos ao caso da Fang Taozi, que expõe a tensão mais profunda entre atores gerados por IA e direito da publicidade: a figura do testemunho publicitário. Um avatar gerado por IA, por definição, não tem experiência. Não pode usar lentes de contacto. Não pode sentir conforto ou desconforto. Não pode conduzir um teste de produto. A afirmação de que as lentes são “confortáveis de usar durante todo o dia” é juridicamente problemática desde a sua conceção, já que não existe testemunho genuíno, não existe experiência comprovável e não existe ligação possível entre o protagonista da recomendação e o produto.

Esta questão não é resolvida pela mera rotulagem de “conteúdo gerado por IA”. Uma etiqueta que diga “AI GENERATED” não valida um testemunho impossível, apenas informa que quem o presta não existe. E a transparência quanto à origem do conteúdo não substitui a veracidade do conteúdo em si.

O problema, porém, não está apenas em saber quem profere a mensagem, mas também naquilo que essa mensagem pretende fazer crer ao consumidor. A publicidade sempre conviveu com uma certa dimensão de encenação: atores que representam consumidores, cenários construídos e narrativas pensadas para associar determinadas qualidades a um produto. A utilização de personagens geradas por IA não rompe, por si só, com essa lógica. A dificuldade surge quando a encenação deixa de representar uma experiência possível e passa a apresentar como vivida uma experiência que, por definição, nunca ocorreu, nem poderia ocorrer.

É neste ponto que as regras tradicionais do direito da publicidade e das práticas comerciais desleais recuperam centralidade. O princípio da veracidade não exige que toda a mensagem publicitária corresponda a uma descrição literal da realidade, mas exige que as afirmações suscetíveis de influenciar a decisão do consumidor não assentem em qualidades, efeitos ou experiências que não possam ser comprovadas. A questão deixa, assim, de ser apenas saber se o consumidor percebe que Fang Taozi é uma personagem artificial. Passa a ser saber se a afirmação de que as lentes são confortáveis “durante todo o dia” pode ser apresentada como uma experiência pessoal quando não existe qualquer experiência subjacente.

A distinção é particularmente importante porque uma mesma mensagem pode combinar elementos de natureza diferente. Uma coisa é afirmar que determinado produto possui uma característica objetiva – por exemplo, estabilidade, duração ou determinado nível de desempenho – cuja veracidade poderá, em princípio, ser demonstrada através de elementos técnicos. Outra, distinta, é apresentar essa característica através de um testemunho pessoal: “usei”, “senti”, “resultou comigo”. Neste segundo caso, não está apenas em causa a qualidade atribuída ao produto, mas também a existência da própria experiência que lhe confere credibilidade.

Notas finais / Conclusão

O caso da Fang Taozi é juridicamente revelador porque torna evidente a falácia de que basta colocar um rótulo ‘gerado por IA’ para que tudo o resto seja lícito. Não é assim.

A utilização e a incorporação de conteúdos gerados ou modificados por IA pode afetar a forma como as características, qualidades ou efeitos de um produto ou serviço são apresentados ao consumidor e, nessa medida, influenciar o seu processo decisório. Quando essa utilização é suscetível de criar uma perceção errada sobre o produto, sobre quem o recomenda ou sobre a experiência que sustenta essa recomendação, podem entrar em jogo, para além das obrigações de transparência do AI Act, as regras tradicionais do direito da publicidade e das práticas comerciais desleais.

A rotulagem resolve, por isso, apenas uma parte do problema. Pode esclarecer a origem artificial do conteúdo, mas não garante a veracidade das afirmações feitas, não transforma uma experiência simulada numa experiência real e não dispensa o anunciante de comprovar as qualidades que atribui ao produto.

Neste contexto, o desafio não parece estar na criação de regras inteiramente novas para personagens sintéticas, mas na aplicação de princípios já conhecidos a uma forma de comunicação em que a própria experiência pode ser artificialmente construída. A IA pode alterar quem comunica, a forma como comunica e até a aparência de quem recomenda um produto. Não altera, porém, a exigência de que a mensagem publicitária seja verdadeira, comprovável e apreciada à luz do consumidor a quem se dirige.

Há, por fim, um ponto mais profundo que este caso convida a considerar. O conceito de uma recomendação publicitária assenta, por definição, numa relação de confiança transferida: o consumidor acredita no produto porque acredita em quem o recomenda. Quando quem recomenda não existe, não desaparece apenas a experiência que sustenta a mensagem, altera-se o próprio mecanismo de confiança em que a recomendação assenta. O consumidor continua a receber uma mensagem com aparência de testemunho pessoal, mas a pessoa, a experiência e a convicção que normalmente lhe confeririam credibilidade são integralmente construídas. É precisamente neste desfasamento entre aparência de autenticidade e inexistência de experiência real que reside um dos principais desafios destes novos formatos publicitários.


[1] Fang Taozi é uma atriz virtual que ascendeu à fama como protagonista de uma curta-metragem chinesa chamada “The Laid-off Girl”, que à data de publicação deste artigo, contava com mais de 200 milhões de visualizações.

[2] Xi, C. (2026, August 9). China AI-generated actress’s contact lens ad pulled after netizen backlash over its credibility. Global Times, disponível em: https://www.globaltimes.cn/page/202608/1367808.shtml

[3] Para mais informações sobre o tema, The Creator Economy. (2026, June 19). AI influencers vs. human creators: The real trade-offs brands are making in, disponível em 2026 https://thecreatoreconomy.com/post/ai-influencer-marketing-vs-human-creators-2026 e Sheena, J. (2023, September 12). Brands are still figuring out virtual influencers. Marketing Brew, disponível em https://www.marketingbrew.com/stories/2023/09/12/brands-are-still-figuring-out-virtual-influencers .

[4] Regulamento (UE) 2024/1689 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de junho de 2024, que estabelece regras harmonizadas em matéria de inteligência artificial (Regulamento Inteligência Artificial). Jornal Oficial da União Europeia. Disponível em https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32024R1689 .

[5] Textos NOVA Consumer Blog, de Martim Farinha: https://novaconsumerlab.novalaw.unl.pt/transparencia-de-conteudos-gerados-por-ai-e-chatbots-parte-1-informacao-material-para-os-consumidores/ e https://novaconsumerlab.novalaw.unl.pt/a-transparencia-de-conteudos-gerados-por-ai-e-chatbots-parte-2-artigo-50-o-do-regulamento-de-inteligencia-artificial-ai-act/

[6] Guidelines on the implementation of the transparency obligations for certain AI systems under Article 50 of Regulation (EU) 2024/1689 (the “AI Act”) (C(2026) 5054 final). Comissão Europeia. Disponível em https://digital-strategy.ec.europa.eu/pt/library/guidelines-transparency-obligations-providers-and-deployers-ai-systems .

[7] Importa notar que existe um regime de divulgação atenuado para deep fakes que integrem obras evidentemente artísticas, criativas, satíricas ou ficcionais. Mas, numa campanha publicitária, este regime raramente se aplica. Se o conteúdo for reconhecidamente comercial, tende a ficar excluído, e se houver uma combinação de carácter informativo e criativo, o carácter informativo prevalece, impondo a rotulagem padrão. Nesse sentido, as Guidelines da Comissão Europeia excluem expressamente do regime atenuado, entre outros, os vídeos ao estilo de “teleshopping” com simulação de humanos a publicitar um produto, imagens de celebridades que impliquem o seu envolvimento em atividades que nunca aconteceram, e vídeos com influenciadores “sintéticos” realistas a testar produtos patrocinados.

E se o seu novo artista favorito no Spotify for, na verdade, IA?

Doutrina

Imagine descobrir que o novo artista que apareceu nas recomendações da sua plataforma de streaming, cujas músicas começou a ouvir regularmente, pode não ser uma pessoa humana. É precisamente essa a controvérsia em torno de Sienna Rose, uma misteriosa cantora que está a reunir milhões de ouvintes mensais no Spotify. A ausência de atuações ao vivo, entrevistas ou de uma identidade pública verificável, combinada com um elevado número de lançamentos, levou muitos a questionar se a artista seria, afinal, gerada por inteligência artificial (IA). Embora não exista confirmação definitiva, e a cantora afirme ser humana em suas redes sociais, sistemas de deteção já classificaram parte das suas mídias como potencialmente geradas por IA.

O problema, contudo, não é apenas a utilização de IA para produzir música. A questão torna-se mais delicada quando a IA é utilizada para construir a identidade pública do artista sem claramente informar o consumidor sobre tal. Perante esta realidade, surge uma pergunta inevitável: tem o consumidor europeu o direito de saber através da plataforma de streaming se o artista que está a ouvir não é humano?

O que diz o AI Act?

As obrigações de transparência do AI Act estão previstas no seu artigo 50.º, já aqui explorado num texto recente, que, especificamente no n.º 2, destaca que sistemas de IA que gerem áudio, imagem, vídeo ou texto sintético devem assegurar que esses conteúdos sejam detetáveis como artificialmente gerados ou manipulados. A obrigação, entretanto, dirige-se, a priori, aos sistemas que produzem o conteúdo (por exemplo, plataformas de geração musical) que devem assegurar a marcação, bem como disponibilizar ferramentas para detectar tais assinaturas. Para sistemas que já foram lançados no mercado europeu, esta obrigação será aplicável a partir de 2 de dezembro de 2026.

O artigo 50.º, n.º 4, do AI Act prevê ainda obrigações específicas de transparência relativamente a deepfakes, dirigidas a cadeia de responsáveis pela disponibilização desse tipo de conteúdo. Segundo as orientações da Comissão, podem enquadrar-se nesta categoria conteúdos que apresentem um elevado grau de semelhança com a realidade e que simulem “alguém ou algo que existe, que pode plausivelmente existir ou que poderia plausivelmente ter existido”, quando sejam suscetíveis de enganar ou induzir o público em erro quanto à sua autenticidade. Neste sentido, a noção de deepfake não se limita necessariamente à imitação de uma pessoa concreta e identificável. Uma persona artística inteiramente gerada por IA, mas apresentada com elevado grau de verossimilhança à realidade, pode igualmente suscitar a aplicação dessas obrigações de transparência. Nesses casos, a identificação clara da natureza artificial do conteúdo por parte das plataformas de streaming torna-se particularmente relevante para evitar que o público seja induzido em erro quanto à existência do artista apresentado.

E o que diz o direito do consumidor na União Europeia?

A Diretiva (UE) 2019/770, relativa ao fornecimento de conteúdos e serviços digitais, estabelece, no seu artigo 8.º, que esses serviços devem apresentar as qualidades e características que o consumidor possa razoavelmente esperar. A esta exigência soma-se o artigo 6.º da Diretiva 2011/83/UE, que concretiza deveres de informação pré-contratual e exige que o profissional informe o consumidor, de forma clara e compreensível, sobre as principais características dos bens ou serviços oferecidos. Embora nenhum destes instrumentos imponha expressamente a identificação da natureza humana ou artificial de um artista, é plausível sustentar que, à medida que personas geradas por IA se tornam mais comuns nas plataformas de streaming, essa informação integre as características que o consumidor razoavelmente espera conhecer ao utilizar o serviço em questão.

Há ainda, e talvez mais relevante, a Diretiva 2005/29/CE relativa às práticas comerciais desleais (UCPD). Os artigos 6.º e 7.º consideram enganosa uma prática que omita informação relevante, contenha informação falsa ou que, pela sua apresentação geral, seja suscetível de induzir o consumidor médio em erro. Assim, a questão não depende necessariamente de existir uma afirmação expressa de que determinado artista é humano. A combinação de nome, fotografia fotorrealista, biografia, vídeos e uma voz atribuída àquela identidade pode, na sua apresentação global, criar precisamente essa impressão.

A natureza humana ou artificial do artista pode, portanto, ser entendida como uma característica intrínseca do conteúdo e, por extensão, do serviço de streaming através do qual esse conteúdo é disponibilizado. A identidade de quem cria ou interpreta a obra integra a forma como o produto cultural é oferecido ao público e a informação sobre a natureza humana ou artificial do artista passa a ser essencial para uma decisão informada por parte do consumidor. Por isso, apresentar uma persona artificial como se correspondesse a uma pessoa real, sem revelar essa circunstância de forma clara, pode suscitar problemas à luz do atual regime europeu.

A resposta da plataforma Spotify

A plataforma envolvida nas polémicas começou a responder a este problema. Em 11 de agosto de 2026, anunciou a introdução de badges específicos para perfis que representem identidades artificialmente geradas, dividindo-os entre a autodeclaração dos artistas e sistemas de detecção da própria plataforma. Afirmam ainda que o sistema de recomendação algorítmica irá passar a priorizar artistas que não possuem estes badges. O utilizador, então, continuaria livre para procurar artistas gerados por IA e ouvir suas músicas, mas saberia com precisão se se trata de artista humano ou não ao averiguar o respectivo perfil.

Esta resposta adotada pela empresa parece acompanhar a nova preocupação dos seus utilizadores e as normas europeias acerca da transparência e informação ao consumidor. A eficácia e legalidade dessa solução, contudo, dependerão ainda de como esta solução irá se concretizar e como será apresentada ao público. Um badge pouco visível numa página secundária é diferente de uma indicação clara antes que determinada música seja ouvida.

Por fim, não poderia deixar de pontuar que a importância dessa transparência se torna ainda mais evidente quando se considera a natureza particular da relação entre consumidores, música e identidade artística. A música nunca foi consumida apenas como uma sequência de sons. Ouvimos histórias, reconhecemos vozes e criamos ligações com as pessoas que imaginamos existir por detrás delas. Alguns consumidores podem não se importar se um artista é humano ou artificial, mas essa indiferença só pode ser verdadeiramente uma escolha quando todos possuem informação suficiente e clara para tomar esta decisão.

Transporte remunerado de passageiros em veículos de disponibilização eletrónica (TVDE) e o papel das plataformas à luz da Lei n.º 59/2026, de 25 de agosto

Legislação

A Lei n.º 59/2026, de 25 de agosto, altera o regime jurídico da atividade de TVDE, aprovado pela Lei n.º 45/2018, de 10 de agosto. As novidades são muitas. Entre outras, mudam as regras relativas aos veículos, aos motoristas, aos preços, à fiscalização, às reclamações e à segurança.

A lei continua a tratar as plataformas eletrónicas como intermediárias. Em simultâneo, atribui-lhes cada vez mais poderes, deveres e responsabilidades, os quais dificilmente se conciliam com a imagem de um simples intermediário entre quem pretende ser transportado e quem presta o serviço.

A primeira alteração surge logo na própria designação da atividade. TVDE deixa de corresponder a “transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica”, passando a ser o “transporte remunerado de passageiros em veículos de disponibilização eletrónica” (art. 1.º-1 do Regime TVDE). A formulação é estranha, mas reconhece-se o esforço, tendo em conta o objetivo de manter a sigla.

A nova lei permite que veículos licenciados para a atividade de transporte em táxi sejam também utilizados na atividade de TVDE (art. 2.º-5). O mesmo veículo pode, assim, prestar alternadamente serviços de táxi e de TVDE, ficando sujeito, em cada momento, às regras da atividade em causa (art. 2.º-6 a 8). Reduz-se, portanto, a distância entre os dois modelos. Também mudam alguns dos requisitos aplicáveis aos veículos. A idade máxima passa, em regra, de sete para dez anos e pode atingir doze anos no caso de veículos exclusivamente elétricos (art. 12.º-7). Passa a ser permitida publicidade, nos termos aplicáveis aos táxis (art. 12.º-11). O dístico identificador torna-se inamovível e deve incluir elementos de segurança e um identificador digital que permita confirmar, entre outros dados, a matrícula, a licença do operador e a existência de seguro válido (art. 12.º-10, 13 e 14).

Permanece, contudo, a principal especificidade do contrato de TVDE. A prestação do serviço depende de um pedido efetuado através de uma plataforma eletrónica (arts. 2.º-3 e 5.º-1).

É precisamente aqui que surge uma das questões mais interessantes da nova lei. Desde o aparecimento da Uber em Portugal, tenho defendido que é difícil qualificar empresas deste tipo como simples intermediárias na celebração de contratos de transporte. Do ponto de vista do utilizador, a plataforma é o elemento central de toda a operação. É através dela que se procura o transporte, se conhece o preço, se contrata a viagem, se acompanha o percurso, se efetua o pagamento, se recebe o recibo ou a fatura, se avalia o serviço e se apresenta uma reclamação.

É também a marca da plataforma que o consumidor conhece. Na linguagem corrente, “chama-se um Uber”. Não se “contrata um operador de TVDE através da Uber”.

A Lei n.º 45/2018 optou, apesar disso, por construir juridicamente a plataforma como intermediária entre o utilizador e o operador de TVDE. A Lei n.º 59/2026 mantém essa opção. O artigo 16.º continua a caracterizar a atividade da plataforma como um “serviço de intermediação entre utilizadores e operadores de TVDE”.

No entanto, a nova lei introduz uma formulação particularmente significativa. O artigo 1.º passa a referir-se às plataformas eletrónicas que “organizam e disponibilizam aos interessados serviços de transporte” (art. 1.º-2). Organizar e disponibilizar um serviço é significativamente diferente de se limitar a aproximar duas pessoas para que estas celebrem entre si um contrato. A importância da alteração torna-se ainda mais clara quando se olha para o regime no seu conjunto. O gestor da plataforma tem de assegurar o cumprimento dos requisitos legais da atividade e bloquear operadores, motoristas ou veículos em situação irregular (arts. 14.º e 20.º-5 a 7), disponibiliza as opções de transporte ao utilizador (art. 19.º-1-h)), intervém na determinação e comunicação do preço (art. 15.º), fornece informação sobre o motorista, o veículo e o percurso (art. 19.º-1), disponibiliza mecanismos de avaliação e reclamação (art. 19.º-2) e responde solidariamente perante o utilizador pelo pontual cumprimento das obrigações resultantes do contrato (art. 20.º-1).

O que resta, afinal, de uma mera intermediação?

Há uma tensão evidente dentro da própria lei. Por um lado, o legislador continua a falar em intermediação. Por outro lado, regula uma entidade que organiza e disponibiliza o serviço, controla quem o pode prestar, estrutura a contratação, intervém nas condições da prestação e responde perante o utilizador pelo cumprimento do contrato. A reforma de 2026 não resolve o problema de qualificação jurídica que já existia. Pelo contrário, parece tê-lo tornado ainda mais evidente, não sendo a questão apenas conceptual. O artigo 20.º mantém uma das regras mais importantes do regime. O gestor da plataforma é solidariamente responsável perante os utilizadores pelo pontual cumprimento das obrigações resultantes do contrato (art. 20.º-1). Mesmo partindo da construção legal segundo a qual o contrato de transporte é celebrado com o operador de TVDE, o utilizador pode, portanto, responsabilizar diretamente a plataforma pelo incumprimento das obrigações contratuais. A lei continua, assim, a chamar intermediária a uma entidade que responde perante o utilizador pelo cumprimento do contrato que alegadamente apenas intermediou.

Outra novidade muito relevante consiste na imposição aos gestores das plataformas do envio à Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) das minutas dos contratos de adesão celebrados com os utilizadores e posteriores alterações (art. 5.º-3). A AMT pode exigir a correção de cláusulas que considere contrárias à lei (art. 5.º-4). Se a plataforma mantiver cláusulas que tenham sido objeto de pronúncia desfavorável, a AMT deve atuar nos termos do regime das cláusulas contratuais gerais (art. 5.º-5).

Também há novidades relevantes quanto ao preço. A taxa de intermediação cobrada pelo gestor da plataforma passa a estar limitada a 25% do valor da viagem, sem IVA (art. 15.º-3). As tarifas dinâmicas continuam a ser permitidas, mas os fatores utilizados na sua determinação devem ser previamente comunicados ao utilizador de forma clara, percetível e objetiva (art. 15.º-5). No final da viagem, a informação fornecida deve permitir compreender como foi calculado o preço e identificar a taxa de intermediação cobrada pela plataforma (art. 15.º-8-e)). A transparência é fundamental num contexto em que o preço pode resultar de fórmulas algorítmicas pouco percetíveis para o utilizador.

A plataforma deve disponibilizar mecanismos de reclamação e informação sobre resolução alternativa de litígios (art. 19.º-2). Mas passa a existir um dever adicional. Recebida uma reclamação, o gestor da plataforma deve realizar as diligências necessárias para apurar e, quando necessário, corrigir o motivo que lhe deu origem, mantendo registo do procedimento durante pelo menos dois anos (art. 19.º-3). Não estamos perante um simples dever de receber ou encaminhar reclamações. A lei exige uma intervenção substantiva da própria plataforma relativamente ao problema apresentado pelo utilizador. É difícil conciliar esta regra com a imagem de um intermediário neutro.

A nova lei reforça igualmente os deveres de informação e os mecanismos de segurança. Passa a prever-se, entre outros elementos, informação sobre o percurso e acompanhamento em tempo real através de mapas digitais (art. 19.º-1-c)), informação sobre as opções de transporte disponíveis (art. 19.º-1-h)) e a possibilidade de selecionar um motorista com conhecimento da língua portuguesa (art. 19.º-1-i)). É também criado um serviço de emergência que permita estabelecer uma ligação telefónica em tempo real com as autoridades e partilhar a localização do veículo (arts. 17.º-A-2-e) e 19.º-1-j)).

Particularmente inovador é o novo regime de gravação de vídeo no interior dos veículos (art. 19.º-A). A funcionalidade deve estar desligada por defeito e a gravação de cada viagem exige informação prévia e aceitação expressa do utilizador e do motorista (art. 19.º-A-1 e 2). Não pode ser captado som (art. 19.º-A-3), nem podem as imagens ser utilizadas para controlo laboral, avaliação de desempenho, determinação de preços, perfilagem ou publicidade (art. 19.º-A-10). São também proibidos o reconhecimento facial, a identificação biométrica, a deteção de emoções e a análise comportamental automatizada (art. 19.º-A-11). O utilizador deve, em regra, poder contratar uma viagem sem gravação e sem pagar mais por isso (art. 19.º-A-4).

A Lei n.º 59/2026 contém muitas outras alterações relevantes, incluindo matérias relativas à formação dos motoristas, ao tempo de atividade, à fiscalização, à partilha de dados e à articulação entre TVDE e táxis.

No essencial, a Lei n.º 59/2026 mantém a qualificação da atividade da plataforma como intermediação, mas reforça os elementos que apontam em sentido contrário. A plataforma organiza e disponibiliza o serviço, controla quem o pode prestar, intervém nas condições da prestação e responde perante o utilizador pelo (in)cumprimento do contrato. Perdeu-se uma oportunidade de resolver esta contradição, mas tornou-se ainda mais difícil considerar a plataforma como um simples intermediário.

Entrevista a Raquel Brízida Castro

Entrevista, Uncategorized

Em maio de 2026, estivemos à conversa com Raquel Brízida Castro, Vice-Presidente da ANACOM e Professora da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa Europeia. Publica-se agora no blog o conteúdo dessa entrevista.

1. No contexto específico das comunicações eletrónicas, como vê hoje o papel da ANACOM na regulação deste setor? Mais como um promotor de boas práticas através de instrumentos de soft regulation (orientação e sensibilização das operadoras), ou como um garante do cumprimento através de mecanismos formais de enforcement e aplicação de sanções?

O papel da ANACOM e a eficácia da sua intervenção resulta, em boa medida, da sua capacidade de identificar a abordagem devida ou mais ajustada a cada desafio. A ANACOM está vinculada ao princípio da legalidade e que cabe-lhe aplicar a lei, designadamente instaurando processos contraordenacionais caso verifique, fundamentadamente, a existência de uma situação de incumprimento de legislação ou regulamentação que lhe caiba supervisionar. Tal exigência não contende, em princípio, com abordagens pedagógicas (ex.: recomendações) ou a adoção de mecanismos de colaboração com as empresas reguladas. Em alguns casos, a própria lei admite o recurso a mecanismos de soft law previamente à adoção de medidas mais prescritivas.

Assim, dir-se-ia que o papel da ANACOM não se esgotará nem na promoção de mecanismos de soft law, nem na aplicação de mecanismos formais de enforcement, mas envolverá antes uma combinação de ambos.

Reconhecendo este facto, aliás, a ANACOM tem vindo, nos últimos anos, a emitir recomendações, como aquela para que os operadores de comunicações eletrónicas tivessem contenção nos aumentos de preços nos contratos em vigor no contexto da inflação gerada nos anos da pandemia, ou a recomendação aos operadores para que adotassem um conjunto de medidas de mitigação do impacto das tempestades recentes que assolaram o país.

2. Quais são os principais desafios regulatórios que antecipa para os próximos anos no setor das comunicações eletrónicas?

Sem dúvida, na primeira linha, destaca-se o processo de negociação legislativa, a nível europeu, do Digital Networks Act (Regulamento das Redes Digitais), que virá substituir o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas. A proposta da Comissão foi publicada em janeiro e o calendário é ambicioso, pretendendo-se a adoção do texto final do regulamento já entre o final de 2026 e o início de 2027. Durante a negociação da proposta será importante acautelar as principais preocupações dos reguladores, incluindo da ANACOM, designadamente assegurando que objetivos de investimento, inovação, autonomia estratégica e promoção da competitividade europeia, que são importantes, não prejudiquem os princípios e direitos fundamentais consagrados, tanto na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, como na própria Constituição da República Portuguesa, incluindo no que se refere à proteção dos consumidores ou à promoção da concorrência. Importa realçar que este novo diploma europeu, sendo um regulamento, terá aplicação direta em todos os Estados-Membros, reduzindo a capacidade de intervenção direta das autoridades reguladoras nacionais nos respetivos mercados, bem como dos próprios Estados Membros.

A par disso, será necessário assegurar uma articulação consistente entre o enquadramento das comunicações eletrónicas e um conjunto alargado de outros diplomas que têm pontos de contacto com o sector, designadamente no contexto digital. De facto, a experiência recente aponta para a progressiva convergência entre comunicações eletrónicas, dados e plataformas digitais, pelo que importará assegurar uma intervenção coerente e integrada em todas essas áreas, evitando a fragmentação excessiva do quadro legislativo e regulamentar e procurando equilibrar uma regulação eficaz com incentivos à inovação e investimento. Além do Regulamento dos Mercados Digitais, do Regulamento dos Serviços Digitais, do Regulamento da Inteligência Artificial e dos Regulamentos dos Dados e da Governação de Dados, já, em larga medida, plenamente vigentes, antecipamos que o Digital Fairness Act venha também requerer preocupações particulares de articulação, na medida em que este virá modernizar alguns diplomas de proteção de consumidores cuja aplicação é (no que respeita ao sector das comunicações) supervisionada pela ANACOM (como a Diretiva das Práticas Comerciais Desleais) adequando-as ao contexto digital e aos particulares desafios que este levanta.

A rapidez da evolução tecnológica, tanto das redes e serviços de comunicações eletrónicas como dos ecossistemas aos quais estes permitem aceder, manter-se-á, igualmente, um desafio exigente. Sendo certo que a regulação estará sempre atrás da evolução das realidades que visa disciplinar, é importante assegurar a adoção de regras que, na medida do possível, sejam à prova de futuro, evitando a necessidade de rever o enquadramento legal com demasiada frequência, o que criaria insegurança e incerteza jurídicas, em prejuízo, tando dos agentes económicos regulados, como dos consumidores e demais utilizadores finais. O objetivo será sempre um enquadramento legal suficientemente flexível para poder acomodar a evolução da tecnologia e dos mercados, mas que, ao mesmo tempo, não seja de tal forma genérico que se torne difícil de implementação pelos prestadores de serviços e inaplicável do ponto de vista sancionatório. Uma articulação próxima com as empresas e com as associações de defesa de consumidores de modo a permitir perceber as preocupações e dificuldades de ambas as partes será essencial para uma intervenção regulatória oportuna, equilibrada e eficaz a par da promoção de interação com a academia.

A segurança, resiliência das redes e a cibersegurança continuarão a ser, igualmente, um enorme desafio, com infraestruturas cada vez mais digitalizadas, importando acompanhar de muito perto a eficácia da Diretiva NIS2 e da Diretiva CER e agir, idealmente em articulação próxima com outras entidades nacionais, entidades congéneres e a própria Comissão Europeia, de modo a endereçar prontamente as limitações que se identifiquem. As regras de combate a fraudes em ambiente digital a introduzir pelo Digital Networks Act serão também muito relevantes neste contexto, permitindo enquadrar abordagens preventivas que, até agora, careciam desse enquadramento.

O planeamento e a disponibilização de espectro também terão um relevo particular nos próximos anos, dada a trajetória de aumento do tráfego gerado e cursado nas redes móveis, e a necessidade de identificar e de disponibilizar espectro, que é um recurso finito e disputado por vários serviços, que garanta que essa trajetória é devidamente suportada. A ANACOM está a trabalhar ativamente nos foruns internacionais para encontrar soluções equilibradas e proporcionais que acautelem esta questão.

Por último, mas não menos importante, a sustentabilidade ambiental está cada vez mais na ordem do dia e requer particular atenção, tanto dos legisladores, como dos reguladores. A utilização eficiente dos recursos e a procura da neutralidade carbónica serão cada vez mais princípios norteadores das intervenções legislativas e regulatórias em todos os sectores, incluindo, naturalmente, o das comunicações eletrónicas.

3. Numa entrevista ao programa “Conta Lá Portugal”, a 18-12-2025, referiu que “A inteligência artificial implica uma revisão constitucional e tem um impacto brutal nos direitos fundamentais”. Sendo este um ângulo ainda pouco explorado nas discussões sobre IA, poderia desenvolver melhor a sua perspetiva?

Trata-se de uma preocupação que tenho expressado várias vezes, sobre a qual tenho escrito numa perspetiva científica, na qualidade de constitucionalista e Professora de Direito Constitucional.

Não sendo a IA um “setor” regulatório isolado, importa ter consciência que estamos perante uma tecnologia transversal capaz de reconfigurar condições materiais de exercício de direitos e de funcionamento de instituições públicas. A regulação europeia da IA deve, por isso, ser lida simultaneamente como política pública económica e como instrumento de garantia constitucional, exigindo-se a densificação de mecanismos que assegurem compatibilidade constitucional efetiva com os direitos fundamentais.

Apesar da respetiva essencialidade, o Regulamento IA (RIA ou AI Act) não reveste natureza diretamente constitucional nem reconhece direitos subjetivos diretamente exequíveis, dependendo a sua eficácia jusfundamental da leitura integrada de todos os instrumentos jurídico-constitucionais vinculativos potencialmente aplicáveis, integrante de um bloco multinível de constitucionalidade digital. O RIA estabelece obrigações técnicas e procedimentais, mas não consagra direitos subjetivos diretamente oponíveis ou exercitáveis por si mesmos. Muitas dimensões jusfundamentais surgem apenas de forma implícita ou dependente de futura concretização normativa, por atos delegados, especificações comuns ou eventual legislação de execução nacional, constitucional ou ordinária.

Ainda assim, com maior ou menor concretização, temos defendido que é possível decantar do RIA, eventualmente conjugando com outros instrumentos jurídicos vinculativos, um conjunto mínimo de salvaguardas estruturantes, com evidente relevância jurídico constitucional constitucional: i) o direito à explicabilidade algorítmica; ii) o direito a uma supervisão humana efetiva; iii) o direito a uma decisão humana em domínios materialmente sensíveis, e, correlativamente, o direito à revisão humana de decisões algorítmicas com impacto lesivo relevante nos direitos e interesses constitucionalmente protegidos; iv) o direito à interrupção, suspensão ou desconexão de sistemas de IA que se revelem lesivos dos direitos fundamentais. Algumas destas dimensões fundam-se em direitos pré existentes, outras carecem de uma tarefa mais exigente de densificação normativa, eventualmente, de estalão constitucional.

Neste contexto, temos defendido, por isso, que a próxima revisão constitucional deve ter essa preocupação essencial: construir, no plano normativo, o Pacto Constitucional Digital para a era da Inteligência Artificial. Convém não esquecer que a última revisão ordinária da Constituição portuguesa vigente foi em 2004 e a última extraordinária foi em 2005. Já lá vão, portanto, mais de 20 anos.

4. Na mesma entrevista, afirmou também que “Se não houver uma regulação eficaz [da IA], não haverá forma de salvaguardar os direitos fundamentais.” À luz do papel preponderante da ANACOM na regulação da IA em Portugal, que elementos considera essenciais para garantir uma regulação da inteligência artificial que seja, de facto, eficaz?

Por um lado, a doutrina nota que um dos efeitos jurídicos mais relevantes do RIA é a compressão extrema, nalguns casos mesmo a eliminação, da autonomia legislativa nacional. O Considerando 1 quer evitar que os Estados-Membros imponham restrições ao desenvolvimento, à comercialização e à utilização dos sistemas de IA. Porém, embora ocupe praticamente todo o domínio material relativo aos sistemas de IA, impõe obrigações substantivas apenas ao subconjunto dos sistemas de alto risco. O resultado é uma assimetria invulgar, porque o efeito desregulatório do RIA, alcançado através de uma harmonização máxima, excede largamente o seu alcance regulatório.

Por outro lado, no mosaico institucional da regulação da IA, para além da Comissão Europeia, propriamente dita, o AI Office emerge como ator central e dotado do poder efetivo regulatório, titularizando competências extensas de produção normativa informal, verificação técnica e harmonização procedimental, nos termos dos artigos 50.º, n.º 7, e 56.º, do RIA. O RIA revela-se, assim, um instrumento de centralização da autoridade político-jurídica e de reforço do mercado interno na CE, mais concretamente no AI Office, com um peso político transcendente e um impacto determinante na autonomia político legislativa nacional dos Estados Membros. A criação do AI Office intensifica esta transferência de poder para a esfera administrativa europeia, porquanto assume o papel principal na regulação da IA.

Por sua vez, reiterando as preocupações que tenho publicado como constitucionalista, a jurisdição sobre a IA é transferida para o TJUE, ao qual o cidadão comum praticamente não tem acesso. Assim, a IA não é apenas suscetível de afetar direitos fundamentais substantivos, como também pode comprometer estruturalmente o próprio direito a um recurso efetivo, na medida em que a centralização regulatória e a fragmentação das fontes normativas em matéria de IA agravam o défice do modelo europeu de proteção de direitos fundamentais. O problema constitucional decisivo passa, assim, a ser o seguinte: se a União europeia centraliza a regulação e tecnocratiza a conformidade, mas não densifica de modo simétrico nem os direitos fundamentais, nem os mecanismos processuais de reação, então a tutela dos direitos fundamentais da era algorítmica surge claramente enfraquecida.

As almejadas convergências normativa e regulatória europeias não são, todavia, pacíficas e desencadearão, previsivelmente, reações adversas. A compressão do espaço legislativo nacional é suscetível de gerar fenómenos nacionais de backlash político-constitucional, numa tentativa de recuperação da soberania normativa, margem de decisão e capacidade de defesa de valores constitucionais próprios. Quanto mais ampla se torna a utilização da IA, mais relevantes se tornam as implicações constitucionais do RIA, pelo que é previsível que a respetiva implementação conceba intensas disputas políticas, legislativas e jurisdicionais quanto à delimitação da autoridade regulatória, uma vez que os Estados Membros, mesmo as respetivas entidades subnacionais, dificilmente abdicarão da sua autonomia em pontos jusfundamentais.

5. Ainda sobre Inteligência Artificial: na audição parlamentar de 18-12-2024, mencionou que “Cabe à ANACOM aplicar o que tenho designado por nova constituição ideológica e digital da União Europeia.” Como é que esta ideia se concretiza na prática?

O bloco de constitucionalidade digital multinível integra as Constituições nacionais, a CDFUE, a CEDH e as jurisprudências do TJUE, do TEDH e dos Tribunais nacionais. Uma interpretação constitucionalmente adequada do RIA exige, pelo menos, uma integração hermenêutica multinível, conforme decorre diretamente do artigo 52.º, n.º 3, da CDFUE, da jurisprudência Bosphorus, da doutrina da proteção equivalente e dos princípios estruturantes do constitucionalismo europeu, em especial o princípio da máxima proteção dos direitos fundamentais. A jurisprudência Bosphorus impõe que o RIA seja interpretado de forma sistematicamente integrada com a CDFUE e a CEDH, garantindo-se sempre o nível máximo de proteção jusfundamental disponível. A tutela efetiva dos direitos fundamentais ocorre, precisamente, pelo menos, através deste diálogo normativo entre ordenamentos. Por exemplo, sempre que um sistema de IA de alto risco interfira com o núcleo essencial de direitos protegidos pelos artigos 6.º e 13.º da CEDH, a presunção Bosphorus pode ser afastada, implicando escrutínio reforçado.

Consequentemente, a articulação entre estes instrumentos implica, por exemplo, que as obrigações de transparência, supervisão humana e robustez previstas no RIA sejam lidas como mecanismos de concretização dos direitos fundamentais processuais garantidos pelos artigos 6.º e 13.º, da CEDH, projetando, no contexto algorítmico, a proibição do arbítrio, o direito a um processo equitativo, o princípio da igualdade de armas e a tutela jurisdicional efetiva. De facto, o RIA não substitui as garantias estruturantes do Estado de Direito, mas a classificação de determinados sistemas de IA como “de alto risco”, quando utilizados em domínios como a justiça, a segurança social, a saúde ou a determinação de direitos subjetivos públicos, constitui um reconhecimento implícito de que o núcleo essencial dos direitos processuais e substantivos pode ser gravemente afetado por sistemas dotados de elevada autonomia decisória.

Acresce a fragmentação regulatória internacional: a regulação da IA encontra-se numa fase de produção normativa concorrencial, em que instrumentos de UNESCO, OCDE, UE e Conselho da Europa coexistem com enfoques distintos. Deve, por isso, ser reconduzida ao paradigma do direito internacional dos direitos humanos, com obrigações jurídicas suscetíveis de tutela jurisdicional e mecanismos efetivos de responsabilização.

6. Na mesma audição, referiu ainda que “O regulamento da I.A. confia, a meu ver, demais, na auto certificação e na auto-regulação.” Acha que estamos a confiar mais na máquina e menos no ser humano?

Mais uma vez, na qualidade de constitucionalista e Professora de Direito Constitucional, compete-me notar que a opção por uma regulação do risco, feita pelo legislador europeu, não configura uma solução valorativamente neutra, pois a escolha é entre prevenção e gestão de riscos: (1) pressupõe que uma tecnologia será adotada apesar dos seus danos; (2) tende a tornar invisíveis certos tipos de danos (normalmente, aqueles que são menos facilmente quantificáveis) e determinados indivíduos e populações (tipicamente, indivíduos e populações marginalizados) prejudicados pela IA.

Em contraponto, alguma doutrina propõs, precisamente, o conceito de “unlawfulness by default”, baseado na presunção inversa. Ou seja, nessa proposta doutrinária, haveria um modelo ex-ante, no qual os fornecedores de sistemas de IA teriam o ónus da prova, perante uma autoridade de controlo em sentido estrito, de que a sua tecnologia não é doiscriminatória, manipulativa, injusta ou ilegítima. Sem uma garantia prévia de que o abuso da IA foi devidamente prevenido, os cidadãos não teriam acesso aos sistemas de IA. Na UE, porém, não foi essa a solução adotada.

Com a exceção dos riscos declarados inaceitáveis, descritos no artigo 5.º, a comercialização dos sistemas de IA de risco elevado é, em princípio, autorizada no mercado europeu, estando os sistemas sujeitos ao cumprimento de determinados requisitos obrigatórios e a uma avaliação da conformidade ex ante, que não é feita, porém, por uma autoridade de controlo em sentido estrito. Os fornecedores de sistemas de IA que não são de risco elevado, por sua vez, podem criar e aplicar autonomamente códigos de conduta, não estando sujeitos a requisitos obrigatórios.

7. Considera que o quadro atual de proteção do consumidor está a acompanhar a velocidade da transformação digital, ou já existe um desfasamento?

O quadro de proteção do consumidor tem procurado acompanhar essa transformação, mas muito haverá ainda por fazer. O Digital Fairness Act, já referido, será um passo importante nesta matéria, tendo como objetivo modernizar a legislação de proteção do consumidor, adaptando-a à economia digital. Este regulamento preverá, ao que tudo indica, regras sobre dark patterns, marketing de influência e design viciante, com especial enfoque na proteção de menores, que tem merecido, e bem, atenção particular do legislador europeu. A proposta da Comissão é esperada no 4.º trimestre deste ano.

Importa olhar para as mudanças de paradigma que o ecossistema digital introduziu na forma como os cidadãos consomem bens e serviços, designadamente no facto de se ter passado de uma economia de consumo baseada em dinheiro para uma economia sustentada em transações de dados pessoais e, mais recentemente, para a monetização, pelas grandes plataformas digitais, da atenção do consumidor, com táticas destinadas a manter essa atenção, mesmo que com recurso a design manipulador e viciante, levando o consumidor a despender tempo que, de outro modo, talvez tivesse optado por não despender.

Importa, assim, que o enquadramento legal passe a considerar o impacto dos enviesamentos comportamentais no processo de tomada de decisão dos consumidores/utilizadores finais, promovendo não só a mitigação de práticas abusivas que conduzem ao sobreconsumo e à despesa excessiva, como também a minimização de disponibilização de dados pessoais para fins que não são claros ou para os quais os dados não são necessários, bem como o tempo gasto inadvertidamente em redes sociais, com prejuízo direto para o consumidor, a vários níveis (incluindo a sua saúde mental), em benefício das plataformas em linha que monetizam a sua atenção. Atento o contexto em concreto, poderão justificar se medidas, tanto de literacia dos consumidores, que conduzam ao seu empoderamento, como de disciplina das práticas das empresas.

Concretamente no que respeita ao crescimento de plataformas e serviços de inteligência artificial de utilização generalizada, o enquadramento vigente em matéria de proteção dos consumidores/utilizadores destes serviços é, nesta fase, claramente insuficiente. O Regulamento da Inteligência Artificial não estabelece direitos concretos para estes utilizadores, focando-se antes no estabelecimento de obrigações para prestadores/developers, responsáveis pela implantação (deployers), que, serão, sobretudo, utilizadores profissionais, e importadores, em função do nível de risco dos serviços que desenvolvem, utilizam ou importam. Há, assim, um longo caminho a percorrer na proteção de consumidores no âmbito da utilização da inteligência artificial, considerando, não apenas o impacto direto da utilização destas ferramentas nos consumidores, mas também os impactos indiretos, designadamente na capacidade do consumidor selecionar autonomamente a informação que consome, no incentivo à produção de conteúdos a disponibilizar na Internet e, consequentemente, na pluralidade dos conteúdos e das fontes de informação disponíveis.

Em matéria de proteção de menores, destacaríamos as iniciativas, incluindo a portuguesa, relacionadas com a limitação do acesso a determinados serviços digitais a utilizadores a partir de uma determinada idade (16 anos ou 13, com autorização parental, na proposta portuguesa, que está alinhada com as mais recentes recomendações do Parlamento Europeu nesta matéria). Estas medidas, tendo um propósito muito meritório relacionado com a proteção de menores, face às conclusões de sucessivos estudos que têm documentado os vastos efeitos negativos de alguns serviços digitais no desenvolvimento e na saúde mental das crianças e jovens, pressupõem também a limitação de direitos e liberdades fundamentais, como o direito ao desenvolvimento da personalidade, a liberdade de expressão e informação e de criação cultural, pelo que a sua adoção deverá ser devidamente ponderada de forma a que se alcancem soluções efetivamente proporcionais.

Ainda sobre a proteção de menores, o sharenting (as práticas de pais ou cuidadores que publicam fotos, vídeos ou outras informações pessoais sobre os seus filhos menores nas redes sociais ou em plataformas online) tem vindo também a merecer atenção cada vez maior e justifica, sobretudo, discussão alargada, desde logo pela sociedade civil, em particular num contexto de crescimento exponencial de plataformas de inteligência artificial que podem trazer perigos acrescidos, designadamente na capacidade de análise dos conteúdos partilhados para identificação da localização dos menores ou da sua manipulação para criação de conteúdos ilícitos.

8. Na sua opinião, quais são os pilares essenciais de uma estratégia eficaz de literacia de consumo no contexto digital?

O contexto digital traz inegáveis vantagens do ponto de vista da difusão de informação e da capacidade de entidades públicas chegarem a um universo muito mais alargado de destinatários. Por outro lado, traz também enormes desafios que nos são, nesta altura, já muito familiares, como a proliferação de desinformação e a dificuldade dos consumidores em distinguirem fontes de informação fidedignas de fontes não fidedignas. Assim, o primeiro pilar de uma estratégia eficaz de literacia de consumo assentará na capacitação dos consumidores para fazerem autonomamente esta distinção.

Em segundo lugar, não basta disponibilizar informação: é necessário assegurar que esta é compreensível, relevante e facilmente comparável, permitindo decisões informadas. Importa, assim, reconhecer os limites da racionalidade do consumidor e incorporar princípios de economia comportamental. Os consumidores enfrentam, sobretudo em contexto digital, sobrecarga de informação, enviesamentos cognitivos e dificuldades na avaliação das condições dos diversos produtos e serviços digitais, sobretudo quando são longas e/ ou mais complexas. Uma estratégia eficaz deve, por isso, incluir mecanismos de simplificação e promoção de arquiteturas de escolha que não potenciem enviesamentos e que se promovam escolhas conscientes e adequadas para o consumidor.

Por outro lado, importa modernizar a capacidade de comunicar das entidades públicas, abandonando-se uma linguagem mais complexa e burocrática em favor de uma linguagem mais simples que facilite a apreensão da mensagem pelos destinatários, ainda que, naturalmente, sem prejudicar o respetivo rigor. A forma como os consumidores consomem informação é também relevante, as novas gerações, por exemplo, consomem informação sobretudo através das redes sociais e, destro dessas, concentrando-se em larga medida em redes específicas, como o Tiktok, além de consumirem sobretudo conteúdos de duração muito curta. Ajustar a linguagem, o conteúdo e o meio de o difundir ao público-alvo será, por isso, essencial.

Por último, uma estratégia eficaz de literacia de consumo no contexto digital deve assentar numa abordagem baseada em evidência e avaliação contínua. A definição de políticas de literacia deve ser informada por dados empíricos sobre o comportamento dos consumidores, incluindo testes de compreensão da informação e análise de resultados específicos (por exemplo, efeitos na mudança de empresa/ prestador de serviços, redução de litígios ou melhoria na adequação das escolhas).

Entrevista a Susana Antas Videira

Entrevista

Em dezembro de 2025, estivemos à conversa com Susana Antas Videira, Diretora-Geral da Política de Justiça e Professora da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e da Universidade Europeia. Publica-se agora no blog o conteúdo dessa entrevista.

1. Os meios de resolução alternativa de litígios (RAL) têm vindo a assumir um papel cada vez mais relevante nas políticas públicas de justiça, incluindo no domínio do Direito do Consumo. Que balanço faz da evolução destes mecanismos em Portugal? Que medidas estão a ser desenvolvidas para reforçar a sua eficácia, a divulgação destes meios junto dos cidadãos e a sua proximidade ao público?

A responsabilidade e compromisso da DGPJ para com os designados meios RAL são profundos. A DGPJ é responsável, nos termos da respetiva lei orgânica, por apoiar a criação e a operacionalização de procedimentos de RAL, designadamente a mediação, a conciliação e a arbitragem, mas também por promover a criação e apoiar o funcionamento de “entidades de RAL”, como os centros de arbitragem, julgados de paz e sistemas de mediação.

Em alguns casos, cabe-lhe mesmo assegurar diretamente a gestão e disponibilização dos meios RAL junto dos seus potenciais utilizadores, como sucede com os sistemas públicos de mediação (Sistema de Mediação Familiar, Sistema de Mediação Laboral, Sistema de Mediação Penal, Serviços de Mediação junto dos julgados de paz e SISPACSE, um serviço público de conciliação vocacionado para o apoio aos devedores sobreendividados).

A DGPJ assegura, ainda, o apoio ao funcionamento de determinadas entidades de RAL, como sucede com os centros de arbitragem apoiados, ou com os julgados de paz.

Com efeito, o Ministério da Justiça, através da DGPJ, apoia, técnica e, ou financeiramente, alguns Centros de Arbitragem, o que releva do reconhecimento da função que prosseguem e do serviço que prestam, em áreas de sensível importância social e dado o interesse público prosseguido. Tal é o caso, designadamente, dos centros de arbitragem que integram a rede de arbitragem de consumo.

Avaliamos de forma muito positiva o percurso evolutivo dos centros de arbitragem de conflitos de consumo portugueses. A relevância do seu papel na entrega efetiva e eficaz da resposta de justiça é evidente e a perceção dos respetivos utilizadores confirma-o.

Com efeito e de acordo com a mais recente (12.ª) edição do Relatório de Acompanhamento dos meios de Resolução Alternativa de Litígios (meios RAL), que analisa a satisfação dos utentes com o funcionamento de três Meios de Resolução Alternativa de Litígios, entre os quais os centros de arbitragem, quase 96% dos utilizadores revelam-se “muito satisfeitos” com estes meios e manifestam intenção de voltar a recorrer aos mesmos, em caso de necessidade.

De resto, a rede de arbitragem de consumo, tal como hoje a conhecemos, é resultado de uma evolução sólida e sustentada, que conta com o apoio inequívoco do Ministério da Justiça, e também do Ministério da Economia.

Tenhamos em presença que as mais remotas estatísticas da justiça relativamente à atividade destas entidades remonta ao ano de 1996. No ano em referência, encontravam-se em funcionamento apenas 3 centros de arbitragem (sediados em Lisboa, Coimbra e Porto) que trataram um total de 2897 processos de reclamação.

Reportando-nos à atualidade e tomando por referência o ano de 2024, contamos com uma autêntica rede de arbitragem de consumo, dotada de cobertura nacional, tendo tratado 9382
processos de reclamação.

Porém – e isto é muito importante – ainda que o número de processos de reclamação tratados tenha mais do que triplicado, no período analisado, há um outro tipo de atividade desenvolvida por estas entidades de crucial importância para os consumidores e que respeita ao serviço de informação especializada também disponibilizado: Em 2024 o número de pedidos de informação tratados pelos referidos centros de arbitragem foi de 13553.

Há, por outro lado, um dado muito relevante que não podemos ignorar: contrariando o que preconiza o conhecido adágio popular, somos conscientes de que uma resposta de justiça tardia poderá resultar comprometida no seu essencial propósito, razão pela qual a celeridade na resolução dos conflitos é um capital inequívoco. Ora os centros de arbitragem de conflitos de consumo apresentam resultados ímpares no quadro das respostas de justiça: No ano de 2024, o tempo médio de resolução dos conflitos foi de apenas 2 meses.

Devemos também notar, com particular interesse, que, no ano em referência, mais de metade dos processos resolvidos pelos centros de arbitragem (cerca de 53%) foram dirimidos por acordo entre os envolvidos, com recurso ao procedimento de mediação – o que confirma a vocação pacificadora destas entidades. E esta nota tem uma relevância assinalável: resolver um conflito de consumo por acordo não é apenas de evidente valor para o consumidor, como também o é para o vendedor ou prestador de serviços, porquanto é elevada a probabilidade de preservação da satisfação do cliente e a manutenção de uma relação entre ambos.

Estes dados de que falamos são objetivos – resultam não só do Relatório anual de Acompanhamento dos meios de Resolução Alternativa de Litígios (meios RAL), bem como do relatório anual de avaliação da rede de arbitragem de consumo que a DGPJ prepara e também se empenha na sua publicitação, na medida em que tal integra ainda a política de promoção deste tipo de entidades e da valiosa atividade que desenvolvem.

Mas é claro que a monitorização atenta da atividade destas entidades também nos alerta para os desafios que enfrentam, o maior dos quais, de forma lapidar identificaria precisamente como “divulgação/ conhecimento”.

A este propósito cabe notar que o Ministério da Justiça, através da DGPJ, tem desenvolvido umintenso esforço de divulgação e promoção dos meios RAL, naturalmente abrangendo também os centros de arbitragem de conflitos de consumo:

1) Junto dos profissionais com especiais responsabilidades no aconselhamento e, ou encaminhamento para este tipo de respostas – designadamente magistrados, advogados e solicitadores e

2) Junto do grande público, posto que todos, todos mesmo, são potenciais beneficiários dos meios RAL.

Destaco dois exemplos recentes sobre este tipo de iniciativas: as sessões de divulgação dos meios RAL desenvolvidas em colaboração com o Hub Justiça nos passados dias 8 de abril e 6 de maio de 2025.

Estas iniciativas tiveram o propósito muito especial de levar os meios RAL ao conhecimento do cidadão comum, de forma “descomplicada” ou amigável. Para o efeito, pudemos contar não só com o saber, mas também com a sensibilidade de profissionais especializados em RAL, mas também com os testemunhos de utilizadores reais destes meios. Em concreto e no que aos centros de arbitragem de conflitos respeita, contámos com a intervenção de um árbitro de conflitos de consumo, em formato de conversa, mas também com o testemunho direto de um utilizador de centro de arbitragem de conflitos de consumo.

Estes eventos foram gravados e encontram-se disponíveis para visualização por qualquer interessado no canal Youtube.

Paralelamente, estamos a desenvolver uma campanha de comunicação para os meios RAL, tendo o grande público como alvo.

São vários os meios de comunicação envolvidos na campanha: TV (canais televisivos generalistas – RTP 1, SIC e TVI e canais de cabo com maior aceitação nacional), Rádio, Imprensa regional e local, meios “out of home” (mupis e transportes públicos) e Meios Digitais.

Esta campanha de comunicação encontra-se atualmente e desde 15 de setembro de 2025, em implementação.

Os seus efeitos já se fazem sentir, designadamente através do crescimento exponencial das pesquisas de informação especializada sobre os meios RAL, junto do site meiosral.justica.gov.pt (da responsabilidade da DGPJ). Com efeito, esse número tem vindo a crescer de forma consistente tendo sido superado em mais de 3 vezes relativamente ao passado mês de agosto.

Paralelamente, é já possível assistir a um ligeiro crescimento das iniciativas de procura concreta. Na rede de arbitragem de consumo, aferimos, no final de novembro, um aumento da procura, relativamente ao período anual transato2, na ordem dos 18%.

Gostaria ainda de aludir a uma outra medida muito relevante do ponto de vista do robustecimento e consolidação do papel desempenhado pelos centros de arbitragem no contexto da rede de arbitragem de consumo e que respeita à revisão do respetivo regulamento harmonizado. A DGPJ e a DGC aprovaram recentemente a nova versão (revista) do regulamento harmonizado em vigor para os centros de arbitragem de conflitos de consumo, o que permitirá eliminar algumas dissonâncias que ainda persistiam e que não contribuem para a perceção destas entidades como integrantes de uma verdadeira rede, o que se impõe. O objetivo é garantir que qualquer consumidor, independentemente da sua radicação territorial no país, possa beneficiar de um mesmo serviço, com ampla abrangência material e em razão do valor, que lhe garanta informação especializada e a efetiva resolução dos conflitos em que se veja envolvido.

Esta nova versão do regulamento harmonizado entrará em vigor no início do próximo ano de 2026.

2. A transformação digital é uma das prioridades da política de justiça. No contexto do Direito do Consumo, de que forma a DGPJ está a acompanhar ou a integrar projetos que envolvam a utilização de inteligência artificial — seja na prevenção de litígios, na gestão de reclamações ou na melhoria do acesso à justiça por parte dos consumidores?

No contexto do PRR, a DGPJ tem vindo a desenvolver iniciativas relevantes no âmbito dos processos de transformação digital em curso, e tem promovido por essa via a utilização de Inteligência artificial em algumas plataformas em Desenvolvimento. A título meramente elucidativo refiro que a DGPJ coordena o desenvolvimento do projeto “Plataforma de Gestão de Templates”, focada na otimização da construção e gestão de modelos de documentos, com apoio de Inteligência Artificial, usados pelos diversos organismos e sistemas de informação da área da justiça, para comunicar com os cidadãos e com as empresas. Encontra-se ainda em processo de desenvolvimento e especificação.

A DGPJ está, ainda, a integrar inteligência artificial no contexto do Direito do Consumo através do projeto Guia Prático de Acesso à Justiça (GPJ), desenvolvido no âmbito do PRR. Este projeto consiste numa ferramenta digital que facilita a interação dos cidadãos com a Justiça, respondendo a questões sobre o Casamento, Divórcio, Empresas 2.0, Registo Criminal Online e funcionamento dos Julgados de Paz, dos Sistemas de Mediação Familiar e Laboral e dos Centros de Arbitragem (Meios RAL), em tempo real e num formato de conversação cuja linguagem é facilmente compreendida por todos.

O GPJ foi lançado em fevereiro de 2023 a título experimental, e em março de 2024, recebeu a nova versão, baseada no modelo de linguagem GPT 4.0.

O GPJ está agora em fase de desenvolvimento da nova solução GPJ 2.0, um projeto coordenado pela DGPJ, tendo como objetivo a interação com o cidadão através de linguagem natural, sem necessidade de recolha de dados pessoais dos utilizadores, para responder aos cerca de 200 serviços digitais disponibilizados pelo MJ no portal justica.gov.pt.

A nova versão do GPJ disponibiliza, para além de um mecanismo de recolha de feedback das respostas, a possibilidade de, após autenticação com CMD, o cidadão poder guardar todo o seu histórico de interação com o GPJ, bem como, agilizar a utilização de outros serviços do MJ.

O objetivo é o de reforçar a aprendizagem e o controlo humano, promovendo a melhoria continua desta ferramenta. Todas as respostas são elaboradas tendo em conta a informação existente na Plataforma Digital da Justiça, que é a organizada e apresentada ao utilizador pelo GPJ de uma forma simples e concisa.

3. A literacia jurídica e o acesso à informação continuam a ser determinantes para o exercício efetivo dos direitos dos consumidores. Que iniciativas tem a DGPJ em curso — ou prevê desenvolver — para promover uma maior literacia jurídica do consumo, nomeadamente através da digitalização e da cooperação com entidades públicas e centros de arbitragem de consumo?

A aposta na divulgação dos meios e entidades de RAL, entre os quais os centros de arbitragem de conflitos de consumo, é uma prioridade para a DGPJ, como já antes deixei expresso. Prosseguiremos com iniciativas de divulgação dos meios RAL, com largo espectro, ainda que a disponibilidade orçamental não permita manter todos os recursos até aqui utilizados, designadamente o recurso contratado a canais televisivos.

Essa, aliás, mais uma razão para persistirmos na divulgação com recurso a outros meios, designadamente os canais digitais, mas também diversificarmos as iniciativas, designadamente com recurso a ações de divulgação também descentralizadas, com recurso à colaboração dos nossos parceiros municipais e ordens profissionais da área da justiça, as universidades e os centros de investigação, etc.

No que respeita à conflitualidade do consumo, temos projetada uma ação de divulgação especificamente dirigida ao tema, a ter lugar no próximo ano e que em que contamos beneficiar naturalmente do envolvimento próximo dos centros de arbitragem de conflitos de consumo apoiados, bem como da Academia.

De resto, reputamos o envolvimento da Academia um dos vetores centrais numa estratégia de divulgação a longo prazo – municiar os estudantes desse conhecimento especializado resulta-nos fundamental.

4. Numa entrevista concedida ao podcast do CAAD, no passado mês de outubro, referiu que “a tecnologia abre hoje inúmeras oportunidades e pode unir aquilo que porventura está disperso”, apontando como “ideia interessante” a da criação de um “ecossistema digital para a justiça”. Em que consistiria oncretamente esta iniciativa e que impacto poderia ter no âmbito do Direito do Consumo e da resolução de litígios?

Um “ecossistema digital centrado no cidadão” para a justiça do consumo significa criar uma porta única de entrada online onde o consumidor encontra, num painel simples, todas as suas reclamações, processos, notificações e prazos.

Em vez de ter de perceber sozinho se deve ir a um regulador, a um centro de arbitragem, a um Julgado de Paz ou a tribunal, responde a algumas perguntas básicas e o sistema encaminha‑o, em linguagem clara, para o meio mais adequado, explicando custos, vantagens e limitações.

Este front‑office exige, naturalmente, um back‑office interligado, com interoperabilidade entre tribunais, centros de arbitragem, Julgados de Paz, reguladores e plataformas de reclamações, sustentado por uma infraestrutura comum de dados. A informação estatística transforma‑se em entendimento: reclamações, tempos de resolução, resultados e setores mais problemáticos são consolidados num Data Lake da justiça, permitindo decisões regulatórias e legislativas baseadas em evidências e a criação de indicadores por setor e empresa, com fortes incentivos reputacionais.

Um módulo central seria uma plataforma pública de resolução de litígios online (ODR) para consumo. O consumidor submete o litígio através de formulário guiado, com anexação de documentos e explicações simples. Tenta‑se primeiro a solução direta com o profissional, dentro da própria plataforma; se falhar, o caso segue, já organizado, para mediação ou arbitragem competente e, apenas em último recurso, para tribunal, aproveitando todo o histórico.

A inteligência artificial funciona aqui como apoio, nunca como substituto do decisor humano. Pode ajudar a traduzir jargão jurídico, orientar os primeiros passos, identificar litígios repetitivos ou práticas potencialmente abusivas e apoiar a pesquisa de decisões anteriores, garantindo sempre transparência, a auditabilidade e o respeito pelas garantias processuais.

Os impactos seriam profundos: menos deslocações, menos custos, menos dúvidas sobre “para onde ir”, procedimentos simplificados e maior literacia jurídica. Isto é decisivo para litígios de pequeno valor, em que muitos consumidores hoje desistem de fazer valer os seus direitos. Ao mesmo tempo, procedimentos simplificados, audiências por videoconferência, notificações eletrónicas claras e o recurso à mediação e arbitragem reforçam uma verdadeira justiça de proximidade.

Este modelo exige cuidar da inclusão digital (balcões assistidos, linhas de apoio, interfaces acessíveis) e de uma governação clara entre Ministério da Justiça, reguladores, centros de arbitragem, ordens profissionais e associações de consumidores, com atenção constante à proteção de dados e à ética no uso da Inteligência Artificial.

Em síntese, trata‑se de usar a tecnologia para unir o que está disperso, devolvendo tempo, confiança e dignidade às pessoas para quem o sistema de justiça existe.